Partidos de Chile alcanzan nuevo acuerdo para cambiar la Constitución
Partidos políticos de Chile acuerdan iniciar otra etapa en el proceso de escribir una nueva Constitución, tras el fracaso del plebiscito en septiembre.
Los partidos políticos de Chile sellaron un acuerdo este lunes para iniciar un nuevo proceso institucional con el objetivo de cambiar la Constitución del país impuesta hace más de 40 décadas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El acuerdo llegó tres meses después de un plebiscito que rechazó un primer texto para una nueva Constitución que buscaba consagrar amplios derechos sociales en reemplazo de la actual carta.
El nuevo acuerdo para un segundo plebiscito fue firmado por los líderes de la mayoría de los partidos políticos oficialistas y opositores, con la intención de buscar mejores leyes para Chile.
El acuerdo será canalizado a través del Congreso, donde se requiere aprobar una reforma a la actual Constitución para habilitar el nuevo proceso. No todos los partidos con legisladores en ejercicio respaldaron el acuerdo presentado el lunes.
Los representantes políticos llegaron a consenso tras intensas negociaciones iniciadas pocos días después del plebiscito del 4 de septiembre, donde la opción “rechazo” se impuso por 61.8% de los votos superando ampliamente las proyecciones de encuestas.
¿Quién redactará la nueva Constitución de Chile?
La nueva propuesta de la Constitución de Chile será redactada el próximo año por un órgano de 50 integrantes electos en votación directa, a partir de un anteproyecto elaborado previamente por una comisión de 24 expertos que iniciará sus funciones en enero.
La elección de los consejeros constitucionales que integrarán el órgano redactor será en abril, mientras que los especialistas serán designados, la mitad por la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado.
El proyecto de la nueva Constitución será sometido a un referendo ratificatorio de participación obligatoria en diciembre o noviembre.
La redacción de una nueva Constitución que reemplace al texto vigente, sometido a varias reformas desde que entró en vigor en 1980, fue el camino de salida a una crisis que se desató en Chile a fines de 2019 con masivas protestas sociales.
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