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• Redacción
• 06 julio 2021

Una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos han interpuesto contra la fuerza de seguridad creada en este sexenio y que el pasado 2 de julio cumplió dos años en funciones.

De acuerdo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, esto es debido a que la reforma constitucional también modificaría el marco jurídico y normativo de la GN, lo que podría dejar la puerta abierta a la continuidad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y sin efecto las controversias en su contra.

“¿Qué es lo que pasaría si hay una modificación sustancial de los artículos que en su momento pudiesen estar siendo declarados inconstitucionales? Con las eventuales reformas que vendrían a partir de esta idea de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, simplemente se quedarían sin materia esos asuntos que hoy tiene la Corte”, dijo en entrevista a El Sol de México.

El pasado 15 de junio, el presidente López Obrador informó que entre las reformas constitucionales que contempla para la segunda mitad de su gobierno está la de integrar a la GN a las filas del Ejército, iniciativa que enviará al Poder Legislativo una vez que se acredite el funcionamiento de este cuerpo de seguridad, en 2023.

De 2019 a la fecha hay al menos seis acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los partidos de oposición en el Congreso de la Unión. Además, organizaciones civiles se han amparado contra la militarización de este cuerpo de seguridad.

Con Burgoa coincidió Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una de las organizaciones que han interpuesto recursos jurídicos contra la militarización de la Guardia Nacional. Indicó que la propuesta de López Obrador para incorporar este cuerpo a la Sedena restaría fuerza a las acciones de inconstitucionalidad y amparos interpuestos ante la Corte.

Advirtió que de darse los cambios constitucionales que desea el Presidente, los casos en la Corte se sobreseerían, “es decir, al haber un cambio de situación jurídica, los casos quedarían sin materia”.

“Al momento que llegue al Pleno la discusión, los ministros dirían que ya no hay materia, aunque depende de qué tanto se modifica”.

Torres Landa confía en que la reforma constitucional que presente López Obrador no avance en el Legislativo.

EXIGEN UN CUERPO CIVIL

Una de las controversias constitucionales contra la GN fue presentada por el PAN.

La diputada Adriana Dávila explica que “el aumento de los delitos evidencia que la Guardia Nacional no fue la solución para resolver estos problemas”, razón por la cual volverán a impugnar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Por su parte, MUCD pide que se garantice el carácter civil de la GN, afirmó en entrevista Cristina Reyes, abogada de la organización.

Francisco Burgoa indica que la Guardia Nacional no ha cumplido con el mandato constitucional de tener un carácter civil, pues tanto en lo administrativo como en lo operativo se integra por elementos del Ejército. Datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana indican que siete de cada 10 miembros de esta institución son militares.

"Dos años nos han demostrado que la Guardia Nacional aún no se encuentra en una organización plena cumpliendo el mandato constitucional y legal, porque si estamos hablando de que debe ser totalmente en su integración civil, los cuerpos que la conforman son totalmente militares", dice el catedrático de la Facultad de Derecho.

Por ahora, el futuro de este cuerpo de seguridad corre por dos instancias diferentes. Mientras que Poder Judicial resolverá si existe alguna inconstitucionalidad en su funcionamiento, será el Legislativo quien determine si procede o no una eventual reforma constitucional, para lo cual se necesita de las dos terceras partes de ambas Cámaras federales y el voto de al menos 17 Congresos locales.

La CNDH también ha interpuesto acciones jurídicas contra las leyes de la Guardia Nacional, el Uso de la Fuerza Pública y la del Registro de Detenciones.

Se buscó al organismo para hablar sobre estos procesos sin obtener respuesta.