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• Redacción
• 09 agosto 2021

Tras el paro de repartidores de gas LP que la semana pasada provocó que comercios, negocios y establecimientos se quedarán sin abasto de combustible para operar, se visibilizó la figura de los comisionistas dentro de la cadena de distribución que, en 95 por ciento en Hidalgo, trabajan a la sombra de la ley.

En entrevista con un empresario gasero de Hidalgo, quien prefirió mantener el anonimato por cuestiones de seguridad, indicó que en la entidad hay un aproximado de 200 pipas y camionetas que surten gas a los hogares y comercios hidalguenses, siendo que hay entre 120 a 150 que están operando en Pachuca, así como en su zona conurbada, situación que se ha salido de control en los últimos siete años, ya que de esta cantidad, el 95 por ciento no paga impuestos.

“Las empresas distribuidoras de gas LP tienen que registrar ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se tienen los equipos para poder distribuir el gas a los clientes y actualmente, las pipas que deben ser unas 200 en el estado de Hidalgo, ya que tan solo en la ciudad de Pachuca tenemos 120 a 150 comisionistas, llegan a un acuerdo con la planta para que la pipa sea registrada en la CRE, pero tienen que ceder la unidad.

"Esto se hace a través de un trato con el comisionista que es un tema delicado porque es una figura que no existe, es decir, el comisionismo no existe dentro de las regulaciones específicas”, indicó el empresario.

Tema sin atender

Ante este panorama, Alan Poulsen Bremont, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Pachuca, señaló que aún no se ha llegado a un acuerdo con los comisionistas, tras la reunión que sostuvieron el pasado viernes, pero es un tema que se debe de atender.

“Por el momento no hay ninguna negociación y todavía seguimos igual. La situación en este momento está en aparente normalidad y obviamente es un tema que se tiene que atender, sobre todo, la afectación que está pasando el sector del comisionista porque no está contratado en las plantas, es un pequeño empresario que su margen de ganancia es a través de las empresas gaseras establecidas.

“Las empresas como tal tienen empleados propios y una fuerza de distribución importante, sin embargo, el comisionista también tiene un valor importante dentro de la distribución de gas. Desgraciadamente, no se ha llegado a un arreglo, pero no es tanto por nosotros, sino al momento de que el gobierno federal bajó el precio y no contemplar esta parte de la cadena de valor para determinados precios, pues es donde el comisionista sale afectado”, indicó.

Grupos de choque

De acuerdo a una investigación realizada por MILENIO, en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo esta situación ha descubierto a pseudo sindicatos o grupos de choque que controlan rutas y cobran derechos de piso a comisionistas, situación que avala el empresario gasero hidalguense en anonimato.

“Si en Pachuca se genera o llega una empresa nueva de gas hay un grupo, la famosa Unión 1075, que no permite salir a vender porque ellos comentan que son los dueños del mercado, así es que si hay alguien que salga a vender y no es gasero, se reúnen entre siete a 10 unidades y agreden a golpes a los nuevos trabajadores.

“Cuando entró Gas Uno a la ciudad les golpearon y dañaron más de 45 unidades, fue una situación violenta, agredieron a los choferes porque es gente sin escrúpulos. Todos los comisionistas están aliados, hasta cierto modo, juntándose con la unión porque han tenido beneficios, por lo que consideramos que es una mafia”, indicó la fuente.

En este sentido, también reveló que en Hidalgo, en aproximado, cada comisionista llega a tener en la entidad hasta 3 a 4 unidades propias, "contratan a los chóferes y sólo una o dos están registradas, las demás están trabajando fuera de la ley", dijo.

Fuera de la ley

Ante esta situación, otro empresario gasero, señaló que es un escenario que se ha conformado a través de los años y que les ha permitido mantener “márgenes jugosos de ganancias a los comisionistas", ya que no tiene la carga fiscal como la tienen las empresas gaseras constituidas.

“Es un vicio que se vino a generar a lo largo del tiempo y les ha dado jugosas ganancias. Al tener una empresa, no tener un costo distribución y no tener la carga fiscal, pues obviamente las empresas establecidas comparten un porcentaje o una cantidad de centavos o pesos por litros.

“Hasta la semana pasada llegaban a las plantas a cargar y como ejemplo, cargaban mil litros, mismos que pagaban a precio con un descuento de 3 a 3.50 o hasta 4 pesos de comisiones, depende de lo que negociarán ellos y ese gas lo salen a vender entre 4 a 5 pesos más caro, entonces, si un chofer vendía mil litros, es una ganancia que se tenía de 3 mil pesos diarios, es un dineral, y eso es lo que vino a provocar el tope del precio de gas”, indicó.

Es así que cuando el gobierno federal estableció bajar el precio del combustible, de la partícula, fue cuando se vio afectado el margen de ganancia de los comisionistas, situación que considera que se debe frenar, ya que las empresas establecidas “tienen gastos administrativos, de operación, logística, de reparto, se pagan sueldos, comisiones, seguros y una cosa importante, son los precios regulatorios por los permisos con la CRE, que es una cantidad importante de dinero y ellos no pagan impuestos, solo el sueldo del repartidor y la gasolina de la unidad, mismas que se encuentran en mal estado en su mayoría”, explicó.

Para Poulsen Bremont, una solución es que los comisionistas se acerquen nuevamente a las empresas para que sean contratados “y se vuelva a hacer lo que se hacía anteriormente porque antes no existía el comisionismo, porque las empresas distribuidoras de gas estaban contratadas.

“Así también no topar el precio del combustible por mandato presidencial porque éste se regula a nivel internacional ya que es una situación que se está generando en China porque están comprando mucho propano, y al momento de comprar de forma excesiva, el precio se elevará y es una situación que están padeciendo en otros países de América Latina como Chile o Brasil, por lo que no se puede controlar algo que es global”, concluyó.