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• Redacción
• 30 septiembre 2021

Fanny, adolescente de 16 años, indígena mixe víctima de feminicidio en San Juan Cotzocón y madre de una bebé de seis meses, ya forma parte de las 561 niñas y mujeres que han sido asesinadas en casi cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.

Pero además, el caso de Fanny Guadalupe López Nolasco, evidencia la suma de negligencias, omisiones y vulnerabilidades que como consecuencia derivan en la falta de resultados ante la violencia feminicida que hay en Oaxaca.

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La presidenta del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, detalló que este caso ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares, lo que finalmente tuvo como resultado un feminicidio.

Fanny, a sus 16 años, tuvo el valor de denunciar ante las instancias de justicia, por lo cual se abrió la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/Matías/202 y confío en que sería protegida.

Sin embargo, “Fanny, como infinidad de mujeres, enfrentó la falta de atención a pesar de la gravedad de su denuncia; señaló amenazas de muerte por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac H. G., pero las autoridades no actuaron para proteger su vida”.

Ayala Ortiz denunció que en reiteradas ocasiones las organizaciones feministas han denunciado las barreras que enfrentan las mujeres cuando denuncian violencias.

Y es que “al dar seguimiento a las acciones procedentes tras denunciar violencias, nuestra organización ha detectado mensajes ‘presuntamente’ de la unidad de género ‘invitando’ a las mujeres que decidieron abandonar a su agresor a que regresen al hogar y darle otra oportunidad a su pareja violenta, manipulándolas con expresiones como “piense en sus peques” (hijas e hijos), una acción que las coloca en mayor riesgo de violencia”.

En otros casos, identificar qué acciones acompañan la emisión de órdenes de protección y medidas cautelares, se vuelve un verdadero reto. Saber quién o quienes actuarán para proteger a las víctimas implica infinidad de llamadas telefónicas a instancias especializadas que solicitan datos, fechas y nombres de personas para poder “ubicar” a quien le corresponde dar seguimiento.

En ese trámite las mujeres en situación de riesgo, se quedan a la espera de una comunicación o de una acción que, por pequeña que sea, les brinde seguridad.

“Hemos exigido una y otra vez qué en las instancias, incluyendo las especializadas en atención a la violencia, identifiquen los niveles de riesgo feminicida y se actúe de inmediato”, recalcó Ayala Ortiz.

Dos fiscales en la presente administración del gobernador Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos y Arturo Peimbert con discursos triunfalistas, datos estadísticos que minimizan la violencia feminicida en sus reportes ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin reconocer que el feminicidio sigue siendo una cruel realidad en Oaxaca.

Fanny fue llamada por la autoridad municipal a petición de su pareja Alexis N., para que hablaran con ella y se “portara bien”, pero lo que recibió fueron amenazas y golpes. Al final fue víctima de feminicidio.

Mencionó que no hay que perder de vista que la unión de una adolescente con un hombre casi diez años mayor que ella es una conducta ampliamente normalizada que se tipifica como el delito que equipara a la violación y se sanciona de 14 a 20 años de prisión para quien, usando la seducción y el engaño, aún con el ‘consentimiento’ de la menor, sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de 12 años y menor de 18. Fanny fue una madre adolescente.

En Oaxaca, el matrimonio infantil está prohibido desde 2013, pero, de acuerdo con cifras del INEGI, cuatro de cada 10 matrimonios involucran a menores de edad. Fanny refleja la normalización de las uniones tempranas y del embarazo adolescente.

Además, Fanny era víctima de violencia por parte de su pareja y los abusos eran socialmente conocidos en su entorno, lo que confirma la normalización de las uniones tempranas y de las violencias, pero sobre todo de la falta de prevención, atención y sanción ante las violaciones a sus derechos humanos que dan como consecuencia la más grave de todas: el feminicidio.