La protección de los derechos político-electorales de los grupos vulnerables, prioridad para la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF
- El magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Héctor Romero Bolaños, presentó el Informe de Labores 2020-2021.
- Las Salas Regionales y Superior del Tribunal Electoral no son un fin en sí mismos, son vehículos para garantizar las libertades e ideales políticos: magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
- Las decisiones que toman las magistraturas no pertenecen a la política, sino que revisan decisiones políticas a la luz de lo que dispone la Constitución: magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021 un total de 3 mil 176 asuntos, de los cuales únicamente 288 fueron recurridas ante la Sala Superior, instancia que revocó o modificó el 0.5% de los asuntos resueltos, quedando firmes el 99.5 por ciento de las resoluciones, afirmó el magistrado presidente de la Sala Regional, Héctor Romero Bolaños, al presentar el Informe de Labores 2020-2021.
En sesión solemne por videoconferencia, en la que participaron el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como la consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración, destacó que durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 240 sesiones públicas y privadas. Se celebraron 189 audiencias de alegatos por videoconferencia refrendando el compromiso de fortalecer la justicia electoral abierta.
Acompañado por la y el magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, María G. Silva Rojas y José Luis Ceballos Daza, destacó sentencias emitidas en 2021 que protegerán para próximos procesos electorales a grupos en situación de vulnerabilidad a efecto de garantizar su acceso efectivo a espacios de representación política, así como otras resoluciones que defienden la paridad de género y el lenguaje incluyente, basados en la perspectiva intercultural para asegurar el derecho a la igualdad. Al respecto, recordó que, por primera vez en la historia del país, un órgano jurisdiccional electoral determinó la nulidad de una elección, al acreditarse violencia política de género.
Por su parte, el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral y sus salas regionales, no son un fin en sí mismos, pues su labor es lograr la materialización de las luchas que por décadas se han librado para construir la democracia electoral mexicana.
Dichos órganos jurisdiccionales, dijo, son un vehículo para garantizar la protección de las libertades e ideales políticos, la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas y, sobre todo, la consolidación de un sistema democrático sustentado en el Estado de derecho.
El magistrado presidente de la Sala Superior concluyó que los ejercicios de rendición de cuentas, como la presentación de este Informe de Labores, son fundamentales para dar vigor a la vida democrática mexicana, pues al transparentar el desempeño del Tribunal Electoral se promueve que la ciudadanía conozca y valore su función.
En su participación, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, enfatizó que la labor de un tribunal electoral es mantener la confianza de la ciudadanía, ejercer con responsabilidad su función, asegurar que los actores políticos se apeguen a los principios democráticos y garantizar la libertad para el beneficio de la sociedad. Comentó que las decisiones que toman las magistraturas no pertenecen a la política, sino que revisan decisiones políticas a la luz de lo que dispone la Constitución.
En este sentido, refirió que, tras el proceso electoral de 2021, todas las Salas del TEPJF siguieron una misma ruta de interpretación judicial al maximizar los derechos de participación política de los grupos vulnerables, defender la representación efectiva de las minorías y reconocer que la violencia política es un problema social que la Carta Magna rechaza en todas sus expresiones.
En la presentación del Informe, se contó con la presencia de la visitadora judicial, Aidé Macedo Barceinas, la secretaria administrativa, Marcela Loredana Montero de Alba, el magistrado de circuito y exmagistrado de la Sala Regional, Armando Maitret Hernández, y la secretaria general de acuerdos de la Sala Regional, Laura Tetetla Román.
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