Suprema Corte frena difusión de contratos de compra de vacunas

Suprema Corte frena difusión de contratos de compra de vacunas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la difusión de la información de los contratos del gobierno federal para comprar vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino y Sputnik.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) interpuso 12 recursos de revisión en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sobre esos contratos.

El argumento de la Consejería Jurídica es que la entrega de información pone en peligro la seguridad nacional.

“Solicito versión pública de todos os (sic) contratos, convenios o cualquier otro documento que acredite el pago con recursos públicos de esta Dependencia para la compra de vacunas contra SARS-Cov-2 Pfizer/BioNTech, AztraZeneca, CanSino (Canada/China) o Sputnik en el año 2020 y lo que va de 2021 con las empresas que el mismo gobierno mexicano ha anunciado públicamente”, indica una de las solicitudes de información.

Ante la negativa de autoridades de salud de entregar la información, el Inai ordenó que se dieran a conocer las versiones públicas, por lo que la CJEF solicitó a la Corte revisar el tema.

El ministro presidente Arturo Zaldívar admitió a trámite los recursos de revisión y los turnó al integrante de la Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se encargará de elaborar el proyecto de resolución.

“Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este Alto Tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 6562/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional”, señala el acuerdo. 

En junio pasado, la Corte concedió una suspensión para que no se diera a conocer el contrato para comprar la vacuna rusa Sputnik-V contra COVID-19 luego de que la Consejería Jurídica presentó un recurso de revisión contra la decisión del Inai también con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional.

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