Deben rodar cabezas en el gobierno de Lorena Cuéllar
#SinReservas @AlexGomezMx
Lo ocurrido en Nanacamilpa no sólo dejó un enfrentamiento entre ciudadanos y fuerzas de seguridad que dejó casi dos decenas de heridos; dejó al descubierto algo más delicado, la pobreza argumentativa —y política— con la que el gobierno de Tlaxcala intenta justificar la represión sobre el diálogo.
Porque si algo quedó claro tras la lectura del posicionamiento oficial, es que el coordinador de comunicación, Antonio Velázquez Martínez, no está ayudando a su gobierno… lo está exhibiendo una vez más, ya no por mediocridad, sino como un Estado violento y represor.
Decir que hubo “voluntad de diálogo como premisa” después de un operativo con gases lacrimógenos y uso de la fuerza no es comunicación política, es un intento fallido de control de daños, no aprendió nada del manual de crisis que le publiqué en semanas pasadas y del que es evidente que no entendió nada, eso ya es simple soberbia.
https://www.monitorxpress.com/noticias/opinion/tlaxcala-otra-crisis-sin-estrategia-y-una-voceria-sin-control
El problema del engreído y petulante empleado del gobierno no es lo que dice, sino lo que evidencia:
El diálogo nunca fue suficiente o, peor aún, que nunca fue real.
Aquí no hay que buscarle tres pies al gato, cuando un conflicto escala cinco veces en los últimos meses, como el propio gobierno reconoce, no estamos frente a ciudadanos reincidentes, estamos frente a una autoridad incapaz de gestionar demandas.
Y eso no se resuelve con comunicados ni con operativos de “Paso Libre” después de haber propinado una golpiza a los gobernados.
Otra crisis estúpida creada por entes imbéciles faltos de criterio y subordinados a la gobernadora que deberían ser llamados a cuentas para ser corridos de inmediato.
El discurso oficial se recarga en un recurso predecible: Criminalizar la protesta, hablar de delitos, de bloqueos ilegales, de afectaciones a la movilidad. Todo eso puede ser jurídicamente correcto, sí, pero políticamente insuficiente.
¿Quién protege a los camioneros en las carreteras? ¡Nadie!
¿Quién establece los precios de garantía de los agropeoductores? El gobierno federal.
Ninguna demanda es para pedirle dinero al gobierno ni federal ni al estatal, sino para pedir que predominen las condiciones mínimas de seguridad y rentabilidad de cada sector.
Porque lo que nunca explicó Antonio Velázquez Martínez es lo esencial:
¿Qué originó el conflicto?, ¿qué exigían campesinos y transportistas?, ¿qué hizo —o dejó de hacer— el gobierno para que el problema llegara a ese punto?
Si no lo sabe se lo digo yo otra vez por si no sabe leer o por si se brincó líneas y párrafos enteros: Seguridad en las carreteras y precio de garantía más alto para los productos del campo. Insisto por tercera ocasión: ¿Acaso eso no merece mesas de diálogo y acciones gubernamentales para proporcionar seguridad y mejores precios para los agroproductores?
Lo único que los tlaxcaltecas obtienen es silencio institucional y una justificación del uso radical de la fuerza contra familias de personas honradas y trabajadoras.
Martínez Velázquez en su monólogo bananero nunca explicó nada; el egocéntrico sujeto que asume el papel de vocero -que le queda exageradamente holgado y le es impropio adjudicárselo-, jamás dio una explicación coherente y razonada a los tlaxcaltecas.
Peor aún, se pretende vender como éxito un “saldo blanco” y la ausencia de detenidos sin mencionar los lesionados que evidentemente son menospreciados en esa esfera del poder como si eso fuera un logro y no una obligación mínima.
La carretera se liberó, sí. Pero el conflicto sigue ahí, intacto, sin resolver.
Lo único que cambió fue que ahora tiene más desgaste, más enojo acumulado y menos confianza en la autoridad.
Eso no es gobernanza. Es represión y contención temporal que consecuentemente genera el acumulamiento del resentimiento social y luego se preguntan por qué hay tantas expresiones negativas de este gobierno en redes sociales.
El cierre del mensaje es todavía más decadente, el menos que mediocre pelagatos hace un llamado “a la política y a la razón”, como si ambas hubieran estado presentes en algún momento del proceso en el que ni el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, dio la cara como la avestruz que es, así como tampoco se asomó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo.
Porque si la política hubiera operado, no habría sido necesario llegar al punto de confrontación.
Y si la razón hubiera prevalecido, el gobierno tendría hoy algo más que un vulgar boletín defensivo, tendría un boletín informando acuerdos.
Pero no los hay.
Y ahí es donde el problema se vuelve político, porque lo dicho por Antonio Velázquez Martínez no sólo es débil, flácido y estéril, es preocupante.
Refleja una visión donde la legalidad sustituye al diálogo, donde la fuerza compensa la falta de inteligencia y donde la comunicación intenta maquillar lo que la violencia tampoco ha podido resolver.
Por eso vale la pena decirlo alto y claro, ¿El coordinador está hablando por ocurrencia propia, o está transmitiendo con fidelidad una lógica de gobierno intolerante e insensible?.
Y si no es así, si lo dicho es producto de una mala lectura y del uso de atribuciones indebidas por un tipo que por ser de la comunidad LGBTI+ sabe lo que es la segregación y la violencia, debería de mostrar empatía en lugar de una torpeza política o de una narrativa mal construida porque ni eso sabe hacer.
En el gobierno de Tlaxcala alguien debería corregir el rumbo… y pronto.
Porque gobernar no es liberar carreteras a chingadazos.
Es evitar que se bloqueen cumpliendo con el deber y obligaciones conferidas a través de la confianza del voto.
La gobernadora debería cortar una cabeza o dos, por decir lo menos.
Lorena Cuéllar y su baja aprobación entonces se explica
Y si a todo esto se le ponen números sobre la mesa, el argumento oficial simplemente se desmorona una vez más.
La encuesta de abril de la firma Rubrum —una casa que ha construido reputación por la seriedad y rigor de sus mediciones en opinión pública— coloca a Lorena Cuéllar Cisneros con 4.76 en desempeño, 4.33 en seguridad y 4.45 en cercanía, indicadores que van del 1 al 10 y que podemos ver que son calificaciones reprobatorias, todas esas calificaciones la ponen en el lugar 28 a nivel nacional .
No hay forma de matizarlo, es reprobación en los tres frentes que sostienen cualquier gobierno.
Pero más allá del número, lo que hay que entender es el por qué.
La baja calificación no es producto de un mal mes ni de una coyuntura específica.
Es el reflejo de algo más profundo, una administración que se ha ido alejando de las causas sociales.
Cuando la gente siente que no es escuchada, cuando sus demandas no encuentran respuesta y cuando los conflictos terminan en bloqueos porque no hay otra vía, la factura llega… y llega en forma de evaluación.
No es casualidad que la cercanía también esté reprobada. Ese dato explica los otros dos.
Porque un gobierno cercano contiene conflictos antes de que estallen, un gobierno que escucha no llega al punto de tener que liberar carreteras con operativos policiacos armados con garrotes, toletes, escudos y gas lacrimógeno, un gobierno que entiende el pulso social no aparece sistemáticamente en la parte baja de las mediciones.
Por eso, insistir en discursos de control o en justificaciones legales no resuelve nada.
El problema no está en cómo se comunica la crisis, sino en por qué se genera, quien la genera y cómo debería gestionarse, no agudizarla sólo porque le divierte al joven Martinez Velqzquez.
Y hoy, los números —duros, fríos, medidos— están diciendo que la distancia entre el gobierno y la gente ya no es percepción, es una realidad.
La única persona dañada es la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ningún secretario ni el miserable ese que gestiona la comunicación de su gobierno serán recordados, pero ella sí y cargará sobre su historia, los gravísimos errores que le acarrearon aquellos que debían resolver problemas, no generarlos.
Comentarios