Jorge Romero y el Ministerio de la Verdad que él mismo inventó
La válvula de la cafetera Bialetti tiembla antes de dejar salir el café: es presión que busca escape antes de tiempo. Esa misma vibración aparece en un boletín político que denuncia algo antes de que exista. El 9 de agosto de 2026, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, anunció que su partido impulsará una iniciativa para regular el derecho de réplica en “la mañanera del pueblo”, conferencia que calificó de “tribunal político” y antesala de un “Ministerio de la Verdad”. Sin embargo, revisando los lineamientos vigentes, no hay ninguna disposición publicada que respalde esa acusación. La pregunta no es si la rendición de cuentas es legítima —siempre lo es—, sino por qué se defiende con argumentos que no tienen sustento documental. La misma ley que Romero invoca para exigir un micrófono puede, algún día, obligarlo a abrir el suyo.
El error está en confundir al Ejecutivo con un concesionario. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, imponen obligaciones a concesionarios de radio y televisión: código de ética, defensor de audiencias, atención de quejas en 20 días. Romero exige que esas obligaciones alcancen también a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es categorial: la mañanera no es un medio concesionado, no vende publicidad y no responde a un código privado, porque es el gobierno hablando de sí mismo. La presidenta ya había aclarado el 29 de julio que los lineamientos no aplican a plataformas digitales ni a medios impresos, y calificó de anticipada la acusación de censura.
Este fantasma ya se había enterrado. En mayo de 2025, el gobierno retiró de su iniciativa el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que habría permitido bloquear plataformas digitales. El Senado confirmó la eliminación en junio de ese año para evitar cualquier mecanismo de censura previa. Quince meses después, el boletín panista revive ese espectro, aunque ya fue eliminado por decisión de la propia presidenta y con respaldo de voces como la Arquidiócesis Primada de México. Como decía Maquiavelo, la apariencia del peligro puede rendir más réditos políticos que el peligro real: el PAN no necesita que exista un Ministerio de la Verdad, necesita que sus bases crean que existe.
La contradicción es clara. Romero exige que la mañanera sea tratada como medio de comunicación para forzar la réplica, pero al mismo tiempo rechaza que el gobierno pueda fijar criterios de veracidad porque sería censura. No puede ser ambas cosas. Además, la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, vigente desde 2015, obliga también a “cualquier otro emisor de información” que difunda datos falsos y cause agravio. Un boletín partidista que atribuye al gobierno una facultad de censura ya eliminada encaja en esa definición. Romero no resuelve la contradicción, la oculta detrás de frases como “Ministerio de la Verdad”, repetida en entrevistas. El contraste internacional muestra la diferencia: en Australia, el Parlamento aprobó en 2024 una edad mínima de 16 años para redes sociales, y fueron organizaciones civiles quienes discutieron la medida, no la oposición política. El PAN, en cambio, convierte la protección de audiencias en un debate sobre censura.
El cálculo es pragmático. Cada vez que Morena discute niñez y algoritmos, el PAN prefiere hablar de dictadura. Así evita pronunciarse sobre temas técnicos como verificación de edad, publicidad dirigida a menores o sanciones al grooming digital. Mientras no fije postura sobre esos puntos, cede el terreno completo al gobierno, que sí puede mostrar documentos y fechas de consulta. Un boletín que denuncia censura y circula libremente en radio, televisión y redes desmiente con su propia difusión la tesis que defiende. La ganancia política existe, pero es limitada: cohesiona a los convencidos y no suma votos nuevos. La misma ley que Romero invoca para exigir réplica puede, algún día, obligarlo a concederla.
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