Justicia histórica: La 4T consolida la autonomía y el territorio de los pueblos originarios
Por Melchisedech D. Angulo
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum marca una continuidad en la relación del Estado con sus raíces más profundas. Al cumplirse los compromisos establecidos en la reforma constitucional de 2024, México finalmente dejó atrás el reconocimiento meramente simbólico para elevar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al estatus de sujetos de derecho público. Este cambio estructural les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, permitiéndoles gestionar sus recursos y decidir su destino de forma autónoma, rompiendo así con décadas de tutelaje estatal y políticas paternalistas que solo profundizaron la marginación.
Este avance legislativo encuentra su expresión más tangible en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, una iniciativa que simboliza la voluntad política de reparar los agravios del pasado. Durante su reciente gira por Sonora en mayo de 2026, la mandataria firmó la restitución de 239 hectáreas adicionales, alcanzando un total histórico de más de 45,000 hectáreas devueltas a sus legítimos dueños. Con una inversión que supera los 18,000 millones de pesos en infraestructura hídrica, educación y bienestar, el Gobierno de México demuestra que la justicia social es una realidad material que transforma la vida cotidiana de las comunidades.
La narrativa de la Cuarta Transformación se fundamenta en un ejercicio de memoria necesario para sanar las heridas de la nación. Al contraponer estas acciones con el despojo sistemático y el genocidio perpetrado durante el Porfiriato —periodo en el que miles de yaquis fueron deportados y esclavizados—, la gestión actual se define como el primer proyecto político en un siglo que asume la responsabilidad de la reparación histórica. Mientras sectores de la oposición intentan rehabilitar figuras de la conquista o el autoritarismo, la 4T reafirma que la grandeza de México reside en la resistencia y dignidad de sus pueblos originarios.
La implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) es otra herramienta clave de este nuevo andamiaje jurídico. A través de este mecanismo, los recursos llegan de manera directa a las comunidades, eliminando intermediarios y garantizando que el presupuesto se ejerza bajo la vigilancia de las propias asambleas comunitarias. Este modelo de democracia participativa fortalece la libre determinación y asegura que el crecimiento económico del país no se construya a espaldas de quienes han resguardado la riqueza cultural y natural del territorio nacional.
A pesar de los desafíos que implica una transformación de esta magnitud, el gobierno mantiene una política de puertas abiertas y diálogo constante para perfeccionar los mecanismos de consulta previa, libre e informada. La presidenta Sheinbaum es enfática en que el desarrollo del país, impulsado por proyectos de infraestructura estratégica, debe caminar de la mano con el bienestar de las comunidades locales. Esta visión integral busca armonizar el progreso nacional con el respeto absoluto a los sistemas normativos indígenas, garantizando que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera del proyecto de nación.
@_Melchisedech
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