• Opinión

• Redacción
• 07 septiembre 2026

Infonavit corrige una herida histórica, pero todavía debe demostrar que cambió el mecanismo que la produjo

“El poder no solo distribuye recursos; también decide con qué palabras una sociedad interpreta sus pérdidas.“ Raúl Reyes Gálvez

Durante décadas, el Infonavit ofreció el sueño de la vivienda propia con una cláusula que muchos descubrieron demasiado tarde: pagar no garantizaba que la deuda descendiera. Los créditos contratados bajo esquemas de Veces Salario Mínimo podían elevar el saldo y las mensualidades mientras el trabajador cumplía puntualmente. El ascensor social terminó convertido en una escalera eléctrica que descendía mientras el deudor caminaba hacia arriba.

La administración de Claudia Sheinbaum convirtió esa anomalía en el centro de un relato de justicia social. El programa Infonavit Solución Integral reporta 4,856,052 beneficiarios: 238,097 créditos liquidados con reestructura, 1,257,663 con reducción de saldo y 3,360,292 reestructurados.[1] La cifra alivia a millones y transforma una falla heredada en una reparación visible.

El punto incómodo comienza después del aplauso. El gobierno enfrenta la dificultad de convertir una reparación masiva en una institución que impida fabricar nuevas deudas impagables. La pregunta central es qué reglas permitieron que llegaran a ese punto.

La herida: cuando el contrato se volvió laberinto

El mecanismo fue opaco para quien firmaba y rentable para quien lo administraba. Un crédito ligado al salario podía actualizarse cada año, mientras la mensualidad absorbía ingresos sin reducir proporcionalmente el capital. El Universal documentó el caso de una mensualidad inicial de 1,500 pesos que llegó a unos 3,200 y que, sin congelamiento, podía alcanzar aproximadamente 8,615 pesos al final del plazo.[2] El trabajador pagaba; el sistema avanzaba en sentido contrario.

Aquí el marco adecuado es el framing, no la simple gestión de crisis. El conflicto no es un episodio que deba apagarse, sino una disputa por el significado del pasado. “Crédito impagable”, “deuda histórica”, “reparación” y “justicia” no son etiquetas inocentes: distribuyen responsabilidades y legitiman una intervención.

El encuadre oficial realiza una operación política precisa. Al llamar “impagable” a la deuda, desplaza la carga moral del individuo hacia la arquitectura del crédito. El trabajador deja de aparecer como moroso y queda como víctima de un diseño.
 La reestructura deja de parecer concesión y adquiere el lenguaje de la restitución.

La zona ciega está en otra parte. Si todo el daño pertenece al pasado, la institución actual queda retratada como médico de una enfermedad ajena. El relato puede absolver al presente antes de exhibir sus cuentas completas. Reparar sin explicar cómo se medirá el riesgo futuro equivale a administrar la memoria de la injusticia sin desmontar sus engranajes.

La conquista: el alivio masivo y el balance pendiente

La escala del programa explica su fuerza. La página oficial de Solución Integral confirma casi 4.86 millones de beneficiarios, incluidos más de 3.36 millones de créditos reestructurados, 1.26 millones con reducción de saldo y cerca de 238 mil liquidados mediante reestructura.[1] No es una ventanilla de excepciones: es una cirugía sobre la cartera entera. Por eso el volumen no reemplaza la transparencia; la vuelve indispensable.

El antecedente financiero revela la dimensión sistémica. La información difundida por el instituto señala una cartera de 6.2 millones de créditos, de los cuales alrededor de cuatro millones —más de 64%— se originaron bajo esquemas en los que saldo y mensualidad aumentaban.[2] Cuando casi dos terceras partes de una cartera cargan el mismo defecto, ya no se trata de contratos desafortunados. Es el modelo funcionando como fue diseñado.

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, 1.415 millones de créditos recibieron beneficios adicionales y se reportaron descuentos superiores a 72 mil millones de pesos.[2] El dato importa porque muestra que el Estado no está corrigiendo una ventanilla, sino renegociando el contrato social entre salario, vivienda y ciudadanía. La llave de la casa se convierte en documento de pertenencia.

El segundo soporte del relato es el salario. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó para 2026 un mínimo general de 315.04 pesos diarios, frente a 278.80 en 2025. El aumento combina un Monto Independiente de Recuperación de 17.01 pesos y una fijación de 6.5%.[3] La medida fortalece a quienes viven cerca del piso salarial, pero no transforma por decreto una vivienda cara en una vivienda accesible. El ingreso puede subir mientras el suelo urbano, el transporte y el mantenimiento ocupan la habitación contigua.

De ahí que la promesa tenga dos velocidades. Para algunos hogares, una cuota fija y un saldo reducido significan salir del túnel. Para otros, sobre todo quienes ganan apenas por encima del mínimo, la presión permanece bajo otra forma: precio regional de la vivienda, empleo intermitente y gastos que no aparecen en el contrato. El crédito puede dejar de ser impagable en el registro y seguir siendo asfixiante en la cocina.

La pregunta institucional tampoco ha desaparecido. El Infonavit debe reparar a los acreditados actuales y conservar capacidad para financiar a los futuros. Sus estados financieros preliminares reportaron una cartera neta de 1.724 billones de pesos al cierre de 2025, frente a 1.577 billones en 2024.[4] Ese tamaño no prueba una crisis, pero sí impone una exigencia: una reestructura masiva modifica flujos, reservas, pérdidas y capacidad de originación. La justicia social no se vuelve sostenible por repetirse en una conferencia de prensa.

La opacidad operativa es el punto más débil. El portal publica beneficiarios y categorías, pero no basta con una cifra nacional: el derechohabiente necesita saber cómo se define cada universo, qué ocurre con los excluidos y cómo se detectará el próximo deterioro. Un saldo cero puede ser reparación legítima; también puede ser una estadística sin trazabilidad si nadie puede explicar por qué llegó allí ni qué regla impedirá repetir el laberinto.

El patrón tiene dimensión internacional. Cuando crédito, alquiler y salario se separan demasiado, la vivienda deja de ser promesa de movilidad y se convierte en prueba de abandono. Gobiernos de países distintos responden con alivios, subsidios y un nuevo lenguaje de protección social. El isomorfismo es claro: la vivienda se financia como activo financiero, pero se vive como necesidad básica. Cambia el discurso; la contradicción permanece.

El cierre: la casa no olvida

El gobierno ha reconocido algo que durante demasiado tiempo se trató como culpa privada: millones podían cumplir con su parte y seguir atrapados por el contrato. Ese reconocimiento tiene peso político y humano. Pero reparación no es absolución institucional. El pasado explica la herida; no puede ocultar el bisturí que todavía falta.

La verdadera prueba del nuevo modelo no será la cantidad de deudas corregidas, sino la imposibilidad de fabricar otras con el mismo mecanismo. Una vivienda deja de ser condena cuando el contrato puede entenderse, el saldo puede auditarse y el pago tiene un final real.

Referencias

[1]: https://infonavit.org.mx/solucionintegral“Infonavit, Solución Integral: estadísticas nacionales.”
[2]:https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eliminaran-casi-5-millones-de-creditos-impagables/“El Universal, Infonavit elimina casi 5 millones de créditos impagables, 10 de noviembre de 2025.”
[3]:https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2026?idiom=es“Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Incremento a los Salarios Mínimos para 2026.”
[4]:https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/9372bd6a-9b3a-4930-bab2-205a92c1fc91/Estados+financieros+diciembre+2025+%28Preliminares%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pMhMLeL “Infonavit, Estados financieros diciembre 2025, preliminares.”