La torpeza política de Carlos Alcaraz
Por Raúl Reyes Gálvez
“Cuando la política se convierte en pelea de callejón, la estrategia cede su lugar a la torpeza, y el poder se desangra en cada golpe mal dado.”
En el teatro de la política queretana, donde la gobernabilidad debería ser el arte de la conciliación, el diálogo y la construcción de acuerdos, Carlos Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno del estado, ha decidido cambiar el libreto por un guion más propio de un peleador callejero que de un estratega político.
Su reciente embestida contra la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, por la supuesta usurpación de funciones en la emisión de constancias de repatriación, no solo revela una alarmante carencia de pericia e inteligencia política, sino que también pone en entredicho su propio papel como garante de la estabilidad institucional. En un contexto donde la Secretaría de Gobierno debería ser el epicentro de la mediación y la construcción de consensos, Alcaraz parece más interesado en recoger cualquier pretexto para golpear a sus adversarios políticos, actuando como un vocero improvisado del Instituto Nacional de Migración (INM) en lugar de cumplir con su mandato esencial. ¿Es esto una usurpación de funciones por parte del propio secretario? La ironía no podría ser más punzante.
La narrativa política, desde la perspectiva teórica de autores como Murray Edelman, se construye a través de símbolos, discursos y acciones que moldean la percepción pública y legitiman el poder. Un político hábil sabe que la narrativa no solo comunica, sino que también posiciona, construye alianzas y desactiva conflictos. Sin embargo, la actuación de Alcaraz en este episodio carece de toda sutileza narrativa. En lugar de optar por una estrategia de diálogo institucional con la alcaldesa de Cadereyta, ha elegido un enfoque beligerante, acusándola públicamente de un delito grave —usurpación de funciones— sin presentar pruebas contundentes ni un proceso formal que sustente su denuncia.
Este proceder de Alcaraz
no solo erosiona la legitimidad de su propia posición, sino que también debilita la cohesión institucional en un estado que presume de estabilidad.
El caso, según lo expuesto por Alcaraz, se centra en que el municipio de Cadereyta habría emitido constancias de repatriación, una facultad exclusiva del INM. La acusación, presentada en una mesa de seguridad y amplificada por el secretario, no solo carece de detalles específicos —como el número de constancias emitidas o el contexto en que se habrían otorgado—, sino que también ignora el principio básico de la gobernabilidad: la resolución de conflictos a través del diálogo antes que la confrontación pública. Alcaraz, en lugar de convocar a la presidenta municipal para esclarecer el asunto y buscar una solución coordinada, optó por un espectáculo mediático que lo posiciona como ejecutor de la justicia federal, un rol que no le corresponde.
Este desliz no es menor: al asumir el papel de vocero del INM, Alcaraz parece desentenderse de su función primordial como secretario de Gobierno, que es la de articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, no la de exacerbar conflictos.
Desde un enfoque teórico, la narrativa política de Alcaraz se construye sobre una base de confrontación que, lejos de fortalecer su autoridad, lo expone como un actor reactivo, carente de una agenda propia. Como señala Ernesto Laclau, el poder político se consolida cuando se articula una narrativa que hegemoniza el discurso público, integrando a diversos actores bajo una visión común. Sin embargo, Alcaraz parece atrapado en una dinámica de oportunismo político, aprovechando cualquier incidente para atacar a sus adversarios, en este caso, una mujer presidenta municipal que, a pesar de sus propios retos, ha demostrado una capacidad de resistencia que podría volver a poner en jaque al secretario.
La historia reciente de Cadereyta, marcada por conflictos laborales y una huelga que Alcaraz no logró mediar, sugiere que la alcaldesa Ortega podría salir fortalecida de este nuevo episodio, mientras que el secretario acumula derrota tras derrota en el terreno de la inteligencia política.
La falta de pericia de Alcaraz no solo se manifiesta en su incapacidad para construir una narrativa coherente, sino también en su desvío de las responsabilidades inherentes a su cargo. La Secretaría de Gobierno no es un púlpito para lanzar acusaciones ni un escenario para dirimir rencillas personales o partidistas. Su función es ser el eje de la gobernabilidad, un espacio de mediación que garantice la estabilidad institucional y el respeto a la autonomía municipal. Alcaraz, sin embargo, parece más interesado en posicionarse como un justiciero que en cumplir con este mandato. Su insistencia en señalar a Cadereyta como infractora, sin ofrecer un canal de diálogo previo o una solución institucional, lo aleja del perfil de conciliador y lo convierte en un actor que, lejos de apaciguar las tensiones, las aviva.
Este episodio también plantea una pregunta incómoda: ¿está Alcaraz usurpando funciones al actuar como portavoz del INM? La Secretaría de Gobierno no tiene competencia directa en asuntos migratorios, y su intervención en este caso parece más un intento de capitalizar un conflicto para debilitar a una adversaria política que una acción fundamentada en su mandato institucional. La paradoja es evidente: mientras acusa a Cadereyta de extralimitarse en sus funciones, Alcaraz incurre en una extralimitación similar al asumir un rol que corresponde a la autoridad federal.
Esta contradicción no solo debilita su credibilidad, sino que también expone una crisis más profunda en la Secretaría de Gobierno: la falta de liderazgo estratégico y la incapacidad para priorizar la gobernabilidad sobre la confrontación.
La corrupción, en un sentido amplio, no solo se mide en términos de malversación de fondos o abuso de poder, sino también en la ocupación de cargos por parte de quienes no están preparados para ejercerlos. Alcaraz, con su trayectoria en la iniciativa privada y su experiencia previa en la Secretaría de Gobierno, no carece de formación técnica, pero su desempeño como secretario revela una alarmante ausencia de inteligencia política.
La gobernabilidad no se construye con bravatas ni con acusaciones públicas, sino con la capacidad de tejer acuerdos, anticipar conflictos y articular narrativas que unifiquen en lugar de dividir. En este sentido, Alcaraz no solo está fallando en su rol, sino que también está contribuyendo a una crisis política que tiene su epicentro en la Secretaría de Gobierno.
Epílogo | La ineptitud, disfrazada de fuerza, revela su verdadera debilidad
Las crisis políticas, como los movimientos en el tablero de un estratega, revelan tanto la visión del jugador como sus límites. Cuando un político carece de la capacidad de contener, escuchar y construir, su fuerza no es fortaleza, sino su disfraz más frágil.
Carlos Alcaraz ha elegido librar batallas menores como si fueran guerras estratégicas. Ha confundido el mando con el protagonismo, y la autoridad con la agresión. Y en ese error, como advertía Sun Tzu, ha mostrado todas sus debilidades al enemigo. Maquiavelo enseñó que el poder no se sostiene en la ira, sino en la estabilidad del carácter, en la previsión de las consecuencias, en la lectura precisa del momento político.
La torpeza no es solo el error táctico. Es la ausencia de visión. Y esa es, en el fondo, la tragedia política de Alcaraz: tener el cargo, pero no la estatura.
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