• Opinión

• alexgomezmx
• 06 marzo 2026

LAS FRÍVOLAS DEL 8M

Cada Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, muchas mujeres salen a las calles de Tlaxcala a exigir algo elemental, justicia frente a la violencia y la impunidad.

Es una movilización legítima, plural y profundamente dolorosa para muchas familias., pero en medio de esa indignación real también se ha instalado un fenómeno que empieza a generar rechazo incluso entre las propias manifestantes, la apropiación del movimiento por un pequeño grupo que se asume portavoz universal de todas.

No lo son, Ni representan a la mayoría de las mujeres que marchan, ni mucho menos a todas las víctimas.

La gran mayoría llega sin uniforme, sin colectivo y sin interés en protagonismos, marchan por convicción o por duelo, no por frivolidad para extorsionar políticamente.

En contraste, hay algunas abusivas que han convertido el 8M en una plataforma permanente de visibilidad, donde su uniforme morado y su pañuelo en la muñeca funcionan más como credencial de abuso en las denuncias sin sustento que como símbolo de lucha.

El problema no es la protesta —esa es necesaria—, sino el uso y abuso de su lucro con ella; cuando la causa se convierte en trampolín político, en negocio de activismo o en monopolio discursivo de unas cuantas, la indignación legítima de miles de mujeres termina secuestrada por quienes creen que la calle les pertenece.

Y no, el dolor de las víctimas no tiene dueñas ni voceras oficiales.

LA REFORMA ELECTORAL: ONCE PUNTOS, TRES RETIRADOS Y UNA PREGUNTA

Durante meses, el debate sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se movió entre la alarma y la sospecha.

Desde la oposición se habló de un intento por desmontar al árbitro electoral; desde el oficialismo se insistió en la necesidad de “abaratar la democracia”, como si la política no fuera lo bastante barata hoy en día.

Por fin llegó el documento a la Cámara de Diputados de México, el texto traía sorpresas: Tres de los temas que habían dominado el debate público simplemente desaparecieron de la propuesta.

No se elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el conocido PREP, ese mecanismo que permite conocer tendencias la misma noche de la elección y que ha sido clave para dar certidumbre política desde hace décadas.

Tampoco aparece un recorte directo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que seguirá operando con la misma estructura financiera.

Y, quizá más importante, no se plantea una reducción a los topes de gasto de campaña. Es decir, tres de las medidas que habían encendido las alertas más fuertes quedaron fuera del documento final.

Durante meses se construyó la narrativa de que el objetivo era debilitar al árbitro electoral, incluso filtraron un borrador para “medirle el agua a los camotes” como se dice en el argot cotidiano.

Sin embargo, el texto presentado deja intactos esos tres pilares. La discusión, entonces, se traslada a otro terreno: Los once cambios que sí contiene la iniciativa y que, aunque menos estridentes que los rumores iniciales, sí tienen implicaciones profundas para el sistema político mexicano.

El primer eje tiene que ver con el rediseño del financiamiento a los partidos políticos, primer pleito hasta de los aliados de Morena.

La propuesta plantea modificar la fórmula mediante la cual se calcula el dinero público que reciben las fuerzas políticas, en términos simples, el objetivo es reducir los recursos ordinarios que reciben los partidos, con el argumento de que el sistema actual resulta excesivamente costoso para el Estado.

En el discurso suena razonable: menos dinero público para la política, el problema es que el financiamiento público fue diseñado precisamente para evitar que los partidos dependieran de dinero privado o de intereses económicos que terminaran capturando la vida política.

El segundo cambio gira en torno a los mecanismos de fiscalización; la iniciativa propone endurecer las reglas para supervisar los ingresos y gastos de los partidos y candidatos, así como fortalecer las herramientas para detectar irregularidades.

En teoría —mera teoría—, esto podría representar un avance si realmente se traduce en mayor transparencia y sanciones efectivas, pero la experiencia mexicana demuestra que el problema rara vez ha sido la falta de reglas, el problema suele ser la aplicación selectiva o tardía de esas reglas y en la época actual ya sabemos que la Ley sólo se aplica en las mulas de mi compadre.

Un tercer punto plantea ajustes en la representación legislativa, aquí aparece uno de los debates más delicados del sistema político mexicano, el papel de la representación proporcional.

Este mecanismo fue creado para garantizar que las minorías políticas tuvieran presencia en el Congreso, incluso si no ganaban distritos electorales, fue creado para generar un contrapeso a las mayorías.

Debilitar este principio puede sonar atractivo para quienes buscan “simplificar” la política, pero en realidad corre el riesgo de reducir la pluralidad en el Poder Legislativo.

La reforma también introduce cambios en la organización interna de los procesos electorales, en los procedimientos administrativos y en los mecanismos de supervisión. 

En varios de estos puntos el discurso oficial habla de modernización, simplificación burocrática y mayor eficiencia y en algunos casos puede ser cierto, el sistema electoral mexicano es complejo, costoso y lleno de procedimientos que podrían simplificarse.

Sin embargo, el problema de fondo no está únicamente en cada uno de los cambios aislados, sino en el efecto acumulado que podrían tener sobre el sistema de partidos.

México construyó su modelo electoral a lo largo de varias décadas precisamente para evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

Durante gran parte del siglo XX, el país vivió bajo un sistema dominado por un solo partido, las elecciones existían, pero la competencia era limitada por decir lo menos.

La apertura democrática comenzó a gestarse a partir de la reforma política de 1977, que permitió la entrada de nuevas fuerzas al Congreso a través de la representación proporcional; más tarde llegaron otras reformas: La creación de autoridades electorales autónomas, la regulación del financiamiento público y la construcción de un árbitro capaz de organizar elecciones confiables.

Ese proceso no fue sencillo ni rápido, fueron décadas de ajustes institucionales, presiones políticas y reformas sucesivas que terminaron por construir un sistema electoral relativamente sólido.

Gracias a ese andamiaje México logró algo que parecía imposible durante muchos años, alternancia política real, tanto en gobiernos estatales como en la presidencia de la República.

Por eso el debate actual no puede reducirse a una discusión técnica sobre fórmulas de financiamiento o procedimientos administrativos, lo que está en juego es el equilibrio del sistema político; cuando las reglas electorales se modifican, no sólo cambian los procesos, también cambian los incentivos de los partidos y la manera en que se distribuye el poder.

Desde esa perspectiva, la crítica que algunos sectores de la oposición han bautizado como la “iniciativa Maduro” no surge únicamente de la retórica política.

La preocupación de fondo es —además de legítima—, que esta reforma mal calibrada terminará debilitando la competencia partidista y facilitando la concentración del poder político.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde las reformas electorales, presentadas inicialmente como ajustes técnicos o medidas de eficiencia, terminaron transformando el equilibrio institucional de los países.

Las democracias rara vez colapsan de un día para otro, lo que suele ocurrir es un proceso gradual de erosión institucional donde los contrapesos se debilitan poco a poco.

México conoce bien ese riesgo porque su propio sistema político se construyó precisamente para evitarlo.

De ahí que la discusión en el Congreso debería ser mucho más seria y profunda de lo que hasta ahora se ha visto, pero los dirigentes partidistas ya dijeron que no son tan ingenuos para no ver lo evidente y NO la van a respaldar.

Incluso, el PT y el PVEM, ya marcaron distancia de tan aberrante propuesta antidemocrática.

Hay algo que sí quedó claro con el documento final: el gobierno decidió retirar tres de las propuestas que más tensión generaban —la eliminación del PREP, el recorte al presupuesto del INE y la reducción de los topes de campaña—. Eso sugiere que hubo cálculo político, pero también que existe conciencia de los límites que impone la propia historia democrática del país.

La pregunta ahora es otra.

Si la reforma electoral pretende mejorar el sistema democrático, entonces debe hacerlo fortaleciendo la competencia política, no reduciéndola.

Debe garantizar que el árbitro electoral siga siendo independiente, que los partidos puedan competir en condiciones equitativas y que las minorías políticas tengan espacio en el Congreso.

Porque al final la democracia no se mide por la comodidad de las mayorías, sino por la capacidad del sistema para permitir que existan alternativas reales de poder.

Y esa, en el fondo, sigue siendo la prueba más importante para cualquier reforma electoral en México.

Mientras tanto, coincido en la visión de muchos otros analistas, esta reforma electoral nació muerta, fue un aborto espontáneo de Morena que ya se veía venir, pero hay algo más que nadie ha dicho y que es seguro desde mi óptica, sea dicho Sin Reservas:

Aunque la presidenta Sheinbaum no lo diga, esta reforma salió de Macuspana con el firme propósito de vulnerar tanto al INE como al sistema de partidos, pero no pasó, ni pasará.

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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dirige los portales digitales Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos y consultor en marketing político y comunicación estratégica. Es presidente fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación social, marketing digital y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.