Los lobos de Ana Lilia Rivera
“El que se junta con lobos… a aullar se enseña” —dicho popular
La política puede ser apasionada. Puede ser intensa, confrontar ideas y poner sobre la mesa diferencias profundas.
Lo que no debería ser —y mucho menos en un proceso interno de un movimiento que presume principios y valores— es un escenario para la agresión personal.
El fin de semana, en un acto en Tlaxcala, la senadora Ana Lilia Rivera trajo consigo a Pedro Salmerón, quien aprovechó el micrófono para insultar y faltar al respeto a Alfonso Sánchez García.
Llamarlo “junior”, “patán” o “ignorante” no es una crítica política, es una descalificación personal, una ofensa y no debería tener cabida en un proceso interno donde participan distintos aspirantes con derecho a competir en condiciones de civilidad.
La propia convocatoria establece límites que no deberían leerse como simples formalidades.
Entre las reglas difundidas para este proceso se encuentra la prohibición expresa de atacar o descalificar a otros contendientes.
Una contienda democrática no se gana a gritos ni con insultos. Se gana con propuestas, trayectoria, capacidad, resultados y, sobre todo, con la confianza de la ciudadanía.
Con quién se acompaña
No es un dato menor a quién se elige como acompañante en un acto público. Quien invita, presenta y respalda a otra persona ante una audiencia asume, en alguna medida, la responsabilidad de esa elección.
Y en el caso de Pedro Salmerón, no se trata de un invitado cualquiera ni de una controversia aislada.
Su nombre ha estado ligado a más de un episodio público que erosionó su credibilidad institucional.
En 2019 dejó su puesto como profesor del ITAM luego de que alumnas y exalumnas hicieran públicos señalamientos de acoso sexual en su contra; reportes posteriores indicaron que existió un procedimiento interno en esa institución.
Ese mismo año, como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, calificó como “jóvenes valientes” a quienes en 1973 secuestraron y asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada, unas declaraciones que fueron leídas como una reivindicación de la violencia política y que lo obligaron a renunciar al cargo tras la presión pública.
En enero de 2022, su propuesta como embajador de México en Panamá reavivó las acusaciones de acoso y desató una campaña pública en su contra; el gobierno panameño no otorgó el beneplácito necesario y Salmerón terminó por retirar su candidatura.
Meses después, en 2022 y 2023, emprendió demandas por daño moral contra decenas de personas —entre periodistas, académicos y una legisladora— y contra el ITAM, por un monto que distintos medios ubicaron entre 12 y 18 millones de pesos.
Es justo precisar, como corresponde a un ejercicio periodístico responsable, que un señalamiento público no equivale a una sentencia penal y que promover una demanda no significa haberla ganado. Pero la acumulación de episodios —una salida cuestionada de la academia, una reivindicación pública de un asesinato político, un nombramiento diplomático frustrado por el rechazo social e institucional, y una batalla legal contra quienes documentaron todo lo anterior— dibuja un patrón de conducta que cualquier dirigencia política debería, como mínimo, sopesar antes de subirlo a un templete.
De ahí que la vieja advertencia —el que se junta con lobos, a aullar se enseña— no sea aquí una frase hecha, sino una pregunta legítima, si Ana Lilia Rivera decide llevar a su lado a alguien con ese historial y, además, guarda silencio mientras esa persona insulta a un contendiente, ¿qué distancia real existe entre la conducta de uno y la disposición del otro para tolerarla?
La responsabilidad de no callar
No se trata de atribuirle automáticamente a Ana Lilia Rivera las palabras de otra persona. Se trata de señalar una responsabilidad política elemental, cuando en un acto propio se agrede y descalifica a un contendiente, quien aspira a encabezar el mismo proyecto tiene la obligación de marcar distancia y dejar claro que esa no es la forma de competir.
El silencio, o la ausencia de una condena pública e inmediata, se interpreta como tolerancia —la tolerancia frente al insulto termina por legitimarlo.
Por eso la pregunta no es solo qué dijo Pedro Salmerón, sino por qué Ana Lilia Rivera no lo detuvo ni lo desautorizó en el momento, y por qué decidió compartir templete con una figura que carga ese expediente público.
Lo que Alfonso Sánchez García no ha hecho
Frente a esto, vale subrayar lo que no ha ocurrido: Alfonso Sánchez García no ha proferido insulto ni calumnia alguna contra Ana Lilia Rivera.
No hay, hasta ahora, una sola declaración suya que la agreda personalmente o que ataque su dignidad. Alfonso Sánchez García, como cualquier otro aspirante, está sujeto al escrutinio público, y las críticas hacia él deben hacerse con argumentos y, cuando corresponda, con pruebas. Eso es exactamente lo que no ocurrió el fin de semana en Tlaxcala.
Esa asimetría importa. No es lo mismo ser objeto de una descalificación personal que ejercer, con mesura, el derecho a ser criticado sin responder con la misma moneda.
Quien aspira a encabezar un proyecto político tiene que entender que la manera en que trata —o deja que traten— a sus adversarios también dice mucho de la clase de liderazgo que pretende ejercer.
Una contienda que merece civilidad
Aquí no se trata de defender a una persona en particular. Se trata de defender una regla elemental de la democracia, se puede disentir sin agredir; se puede competir sin denigrar; se puede cuestionar sin insultar.
Tlaxcala merece una contienda en la que los aspirantes se midan por lo que proponen y por lo que son capaces de hacer, no por quién puede lanzar el insulto más estridente ni por a quién eligen para lanzarlo.
La ciudadanía no necesita más gritos. Necesita políticos capaces de debatir, escuchar y respetar. La contienda puede ser dura. El debate puede ser firme. Pero el respeto —y la calidad moral de quienes lo rodean a uno en el templete— no debería estar a discusión.
Nota: los datos biográficos sobre Pedro Salmerón citados en este artículo corresponden a hechos públicos reportados por medios (El País, El Financiero, Grupo Milenio, Animal Político, SemMéxico y La Jornada, 2019–2023).
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