México no puede seguir administrando políticamente el caso Rocha
El caso Rocha Moya dejó de ser un expediente local de Sinaloa para convertirse en una prueba mayor del Estado mexicano frente al crimen organizado, frente a Estados Unidos y frente a su propia autoridad moral
Si el gobierno federal sostiene que no existen pruebas suficientes, entonces debe actuar de inmediato: abrir, integrar y hacer público, en lo jurídicamente posible, un procesamiento penal interno serio, verificable y sin simulaciones
Pero si las pruebas existen y son suficientes para sostener la acusación formulada por Estados Unidos, entonces la única salida responsable es detenerlo y extraditarlo conforme a derecho
Lo que ya no puede hacer México es esconderse detrás del silencio, la reserva diplomática o la protección política porque la soberanía no se defiende encubriendo a un personaje señalado; se defiende procesando, investigando, compareciendo ante jueces y demostrando que en México la ley vale más que los pactos de poder
El antecedente del Mayo Zambada debe leerse como advertencia: cuando el Estado mexicano no ocupa su lugar, otros terminan ocupándolo, y si Washington percibe que México protege a políticos acusados de vínculos con el narcotráfico, lo lógico e irremediable será una nueva intervención de facto en territorio mexicano, abierta o encubierta, directa o por intermediarios y eso sería gravísimo para la dignidad nacional
Por eso, el gobierno federal debe escoger entre dos caminos institucionales: procesamiento penal interno inmediato o extradición inmediata
Cualquier tercera vía —ocultar, dilatar, negar sin explicar— sólo debilita a México, fortalece al crimen y entrega a Estados Unidos la narrativa perfecta para justificar acciones unilaterales
El interés superior de la nación exige claridad, firmeza y legalidad: México debe actuar antes de que otros actúen por México
Gustavo Buenrostro
Pdte de Por Querétaro Todo, AC
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