Violencia electoral 2 de 4 partes
Violencia electoral 2 de 4 partes
La violencia electoral en México ya no puede entenderse únicamente desde lo físico, es porque ha encontrado en el entorno digital un terreno mucho más eficiente, más barato y, sobre todo, más difícil de rastrear.
La plaza pública ya no es solo la calle ni el territorio; es la pantalla. Y en esa arena, la disputa política ha dejado de ser un intercambio de ideas para convertirse, cada vez más, en una operación sistemática de desgaste, manipulación y aniquilación reputacional.
A diferencia de la violencia tradicional —visible, condenable, medible— la violencia digital opera bajo una lógica más sofisticada: No busca eliminar físicamente al adversario, sino volverlo inviable, desacreditarlo, menospreciarlo, ofenderlo.
Lo desacredita, lo ridiculiza, lo deshumaniza, y cuando lo logra, el efecto es igual de contundente: lo saca de la competencia.
Esto no es una hipótesis, es un patrón más que obvio.
En los últimos procesos electorales en México, organizaciones como Artículo 19 han documentado un incremento sostenido en agresiones digitales contra periodistas, candidatos y figuras públicas, muchas de ellas con componentes de género, desinformación coordinada y campañas de odio amplificadas artificialmente.
Y que conste que no estoy mencionando las locales y recientes como la detención arbitraria en Yauhquemehcan de un camarógrafo o de la agresión a un reportero en Contla, entre otras.
El informe “Derechos pendientes” advierte que las redes sociales se han convertido en un espacio donde la violencia no solo se replica, sino que se intensifica mediante algoritmos que premian el conflicto y la polarización.
La lógica es perversa, pero funcional, entre más agresivo es el contenido, mayor alcance obtiene; entre más viral se vuelve, más legitimidad aparente adquiere y en ese ciclo, la mentira no necesita ser creíble, solo necesita ser repetida. (¿Algo conocido?)
Lo preocupante no es únicamente la existencia de estas campañas, sino su grado de sofisticación, hoy no hablamos solo de “bots” rudimentarios, sino de estructuras organizadas capaces de posicionar tendencias, fabricar narrativas y sostener ataques durante días o semanas, generando la ilusión de consenso social.
La percepción pública, en consecuencia, deja de construirse de forma orgánica y comienza a responder a dinámicas inducidas.
En estados como Tlaxcala, donde la escala del electorado es menor y las redes de influencia son más cerradas, el impacto de esta violencia digital puede ser aún más profundo.
Una campaña de desprestigio bien dirigida no necesita millones de impactos, le basta con penetrar en los círculos correctos para alterar percepciones.
En un contexto donde más del 40 por ciento de los simpatizantes de un partido no ha definido candidatura, como ocurre actualmente en Morena rumbo a 2027, la manipulación digital no es un complemento de la estrategia electoral, es el terreno donde se define.
El problema es que la violencia digital no se queda en lo digital, a algunos se nos pasó la factura y la tuvimos que pagar con ausencia temporal del territorio estatal.
Existe una línea —cada vez más delgada— entre el ataque en redes y sus consecuencias en la vida real.
La deshumanización constante de una figura pública, la construcción de enemigos simbólicos y la normalización del discurso de odio generan condiciones propicias para que la agresión trascienda la pantalla.
No es casual que, en múltiples casos documentados en América Latina, campañas de linchamiento digital hayan precedido amenazas físicas, agresiones o incluso asesinatos.
La narrativa no solo moldea percepciones, también habilita conductas.
Cuando una persona es sistemáticamente presentada como corrupta, traidora o enemiga, el costo de agredirla disminuye en la percepción social.
Se legitima, se justifica o, en el peor de los casos, se ignora; así, la violencia digital se convierte en una antesala de la violencia física, no siempre de manera directa, pero sí como parte de un mismo ecosistema.
Lo irónico —y profundamente inquietante— es que todo esto ocurre mientras la conversación pública insiste en hablar de “libertad de expresión” como si el problema fuera la existencia de opiniones, y no la operación estructurada de campañas diseñadas para manipularlas.
La libertad de expresión protege la voz individual, no fue concebida para blindar fábricas de desinformación.
En el fondo, la violencia electoral digital no es un fenómeno aislado, sino la evolución natural de una lógica política que siempre ha buscado controlar la narrativa, solo que ahora lo hace con herramientas más veloces, más precisas y menos visibles.
Ya no se trata de imponer silencio, sino de saturar el espacio público hasta que la verdad se vuelva irrelevante en un entorno de hiperinflación.
Entonces el terreno electoral en la vida real y en la digital ya no se trata de las elecciones, se trata de ejercer violencia en distintas escalas como si esto se tratase de una guerrrilla híbrida.
Y en ese entorno, hablar sin concesiones adquiere un nuevo significado.
No se trata únicamente de decir lo que otros callan, sino de sostener una voz en medio de un entorno diseñado para distorsionarla o anularla.
Implica resistir no solo la presión política, sino la presión algorítmica, no solo el ataque directo, sino la erosión constante de la credibilidad.
Porque si algo define a esta nueva etapa de la política mexicana es que la disputa ya no es por el control del territorio, sino por el control de la percepción del territorio.
Y cuando la percepción se convierte en realidad, la democracia entra en una zona peligrosamente difusa, donde ganar no necesariamente significa convencer, sino imponer una narrativa lo suficientemente dominante como para que nadie se atreva a cuestionarla.
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