Colegio de Periodistas presentó única propuesta formal a mesa de Reforma Electoral en Tlaxcala
—Plantea blindar a medios, preservar el secreto profesional invariablemente y sancionar acoso institucional.
El Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. se convirtió en la única organización participante en presentar, de manera previa y formal, una propuesta integral a la mesa de diálogo sobre la Reforma Electoral que organiza el Congreso del Estado de Tlaxcala, cuya comisión está presidida por el diputado Silvano Garay Loredo, al entregar desde un día antes un planteamiento estructurado que busca incorporar garantías específicas para proteger la libertad de prensa y delimitar las facultades de las autoridades electorales frente a los medios de comunicación.
Durante su participación en la mesa el pasado viernes 22 de mayo, el presidente fundador del Colegio, Alejandro Aguilar Gómez, sostuvo que la reforma local representa una oportunidad para impedir que se repitan episodios ocurridos durante el proceso judicial reciente de 2025, cuando medios de comunicación locales recibieron requerimientos y presiones por parte de autoridades electorales respecto a entrevistas, agendas y criterios editoriales.
La propuesta entregada formalmente plantea la creación de un capítulo específico denominado “De los medios de comunicación en los procesos electorales e inviolabilidad del secreto profesional periodístico”, integrado por seis principios que buscan establecer límites claros entre la función periodística y la actuación de organismos electorales.
El primer punto propone una delimitación expresa de competencias, estableciendo que únicamente los candidatos y actores políticos deben informar al INE o al ITE sobre reuniones o agendas con medios de comunicación, dejando fuera a periodistas y empresas informativas de cualquier obligación de rendición de cuentas ante autoridades electorales.
El segundo eje plantea la prohibición absoluta de padrones, catálogos o listas de medios “aprobados”, “certificados” o reconocidos por autoridades electorales, bajo el argumento de que este tipo de mecanismos constituyen formas de censura administrativa y podrían derivar en mecanismos de exclusión institucional.
Como tercer punto, la iniciativa propone una reserva judicial obligatoria, mediante la cual cualquier acto, medida o decisión que afecte contenidos, actividades o derechos de un medio de comunicación sólo pueda ser ordenado por autoridad jurisdiccional y no por órganos administrativos electorales.
La cuarta propuesta incorpora la inviolabilidad del secreto profesional periodístico, para impedir que periodistas o comunicadores sean obligados a revelar fuentes, informantes, materiales o documentos de trabajo ante organismos electorales.
El quinto punto establece un plazo legislativo obligatorio, a fin de impedir cambios de reglas durante procesos en marcha, proponiendo que cualquier modificación relacionada con medios y elecciones sea aprobada al menos un año antes de una jornada electoral.
Finalmente, el sexto apartado incorpora un esquema de responsabilidad por acoso institucional, planteando sanciones específicas para funcionarios del ITE o del INE que ejerzan hostigamiento o actos indebidos contra medios de comunicación durante procesos electorales.
Durante su intervención, Aguilar Gómez sostuvo que el debate no gira en torno a privilegios gremiales sino a límites constitucionales, citando criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resoluciones locales que, afirmó, impiden a autoridades administrativas invadir funciones reservadas a órganos jurisdiccionales.
La participación del Colegio destacó además por ser la única organización que llegó a la mesa con una propuesta jurídica previamente elaborada y entregada formalmente, trasladando la discusión del terreno discursivo hacia una ruta concreta de redacción legislativa y mecanismos específicos de protección a la actividad periodística.
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