Crimen sin versión creíble: se cae la narrativa oficial en el caso del alcalde de Uruapan
El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez expuso una investigación llena de contradicciones, videos que desmienten a la Fiscalía y una secuencia de hechos que la autoridad no ha podido explicar.
La captura y muerte del presunto agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, fue registrada por civiles sin presencia policial ni protocolo, lo que ha abierto un vacío de confianza que compromete de manera directa la versión oficial del crimen.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continúa envuelto en inconsistencias que la Fiscalía de Michoacán no ha explicado.
La información oficial no coincide con los videos disponibles y tampoco con la versión que días antes difundió la Secretaría de Seguridad federal.
El caso avanza con huecos que ya comprometen la confianza pública en la investigación.
Las imágenes captadas por ciudadanos muestran a un joven reducido por varias personas en el lugar del ataque, se escucha en alguna grabación que le preguntan “Quién te mandó hijo de tu p*&a m#&%$ e instantes después, aparece con una bala por la espalda, sólo se ve la mancha de sangre, pero nadie, ninguna autoridad ha dicho del arma de quién salió esa bala.
En cualquier país, en cualquier estado, el haber detenido con vida al autor material de un asesinato sería un logro, pero en Uruapan, Michoacán, ¿quién mató al asesino que ya estaba sometido? ¿Si no alcanzó a dar 5 pasos después de cometido el magnicidio y fue sometido boca abajo por al menos media docena de personas, la pregunta es la misma ¿Quién mató al magnicida?
Ahora hay dos cuerpos, uno desaparecido y otro presentado que no corresponde a los rasgos físicos que todos hemos visto del asesino de Carlos Manzo.
Los cuerpos pertenecen a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, pero sólo uno de ellos aparece en la ficha oficial de identificación y no es el que cometió el ilícito.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de diecisiete años, originario de Paracho. En las grabaciones se observa que el menor es interrogado sin presencia policial y que después aparece sin vida.
La sucesión de escenas deja dudas sobre el procedimiento y la ausencia de un protocolo claro para preservar la integridad del detenido y la del propio material que documenta el hecho.
El punto que más alimenta las interrogantes es la contradicción entre instituciones. Mientras la Fiscalía estatal presentó a Víctor Manuel como agresor, la Secretaría de Seguridad federal había señalado previamente a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, un joven de diecinueve años con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
No existe una explicación pública sobre por qué se manejaron dos nombres distintos ni de dónde provino cada versión.
A estas contradicciones se suman irregularidades visibles en las fotografías y videos del momento del ataque.
La sudadera blanca que portaba el joven detenido cambia de posición e incluso parece desaparecer en distintos registros.
Según la investigación publicada, la prenda había sido comprada horas antes del homicidio tal como se ve en un video del que nadie sabe de dónde salió o cómo es que llegó a manos de la Fiscalía de Michoacán; ese detalle, que debería estar documentado dentro de la carpeta de investigación, pero no ha sido aclarado por la Fiscalía ni confirmado en conferencia oficial.
La posición del cuerpo también varía entre las imágenes difundidas, en un momento aparece boca abajo con la sudadera y más tarde boca arriba sin la sudadera, eso sin considerar que después nos cambiaron al magnicida.
Estas modificaciones, visibles y registradas antes de la llegada de peritos, rompen la secuencia lógica del manejo de la escena.
Cualquier alteración sin explicación compromete la cadena de custodia y reduce la confiabilidad de lo que se incorpore al expediente.
Otro elemento pendiente es la presencia de un hombre vestido de civil con un radio de comunicación, que se observa caminando junto al alcalde segundos antes de que ocurriera el ataque.
No pertenece a la escolta del edil ni ha sido identificado por la Fiscalía. ¿Quién es y por qué no ha sido identificado?
Su presencia en una zona crítica y a tan poca distancia del alcalde obliga a una aclaración que no se ha dado. ¿Por qué indicó a Carlos Manzo a ir en la dirección contraria a dónde iba y a ponerlo, literalmente a tiro del sicario?
En cualquier homicidio de un funcionario público, cada persona cerca de la víctima debe quedar registrada desde el inicio.
La investigación también presenta silencios relevantes.
No se han hecho públicos los dictámenes periciales completos, como tampoco se ha ofrecido una explicación sobre el tratamiento del teléfono que llevaba el joven detenido, el cual aparece en las imágenes iniciales.
Dicho dispositivo podría contener información clave, sin embargo, no ha sido mencionado por la Fiscalía en sus comunicados.
La narrativa oficial se ha limitado a reiterar que Víctor Manuel es el responsable, aunque los videos muestren inconsistencias y aunque exista otra identidad mencionada por autoridades federales.
En un homicidio de un alcalde, la claridad debería ser inmediata y el proceso debería incluir peritajes externos, reconstrucciones completas y la publicación detallada de cada avance. Nada de eso ha ocurrido.
Uruapan es una región marcada por la presencia constante de grupos criminales y por agresiones a autoridades municipales.
En ese contexto, la falta de precisión alimenta la sospecha de que la investigación se orienta más hacia cerrar un expediente que hacia esclarecer los hechos. La diferencia no es menor.
Un cierre prematuro sin respuestas compromete no solo la justicia para la víctima, sino la seguridad de otros funcionarios expuestos.
La Fiscalía tampoco ha explicado por qué difundió mediante filtraciones evidencia parcial y no una versión ordenada del caso.
La publicación fragmentada de datos impide entender la secuencia completa de los hechos. La ausencia de documentos oficiales accesibles limita la posibilidad de verificar los procedimientos que debieron aplicarse desde la noche del ataque.
Mientras tanto, el municipio sigue a la espera de una explicación que no llega o al menos no es clara y si cada vez más confusa y contradictoria.
La población de Uruapan, que ha vivido episodios graves de violencia, exige claridad; los videos públicos contradicen partes esenciales de la versión estatal y la divergencia con la información federal dificulta confiar en que la línea de investigación actual sea la correcta.
La muerte de un alcalde en funciones no puede resolverse con vacíos y tampoco se puede permitir que un caso de esta magnitud dependa de anuncios improvisados o de imágenes que cambian de una publicación a otra.
La autoridad tiene la obligación de reconstruir la secuencia completa sin omitir detalles y sin privilegiar una narrativa que no coincide con lo que ya está documentado.
El expediente sigue abierto, pero las respuestas siguen pendientes. Las inconsistencias no desaparecerán mientras la Fiscalía mantenga su postura sin transparentar la información que la sociedad ya conoce a medias.
En Uruapan, donde el costo de la violencia es cotidiano, el esclarecimiento del asesinato del alcalde no es un tema político, es una exigencia mínima de justicia.
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