Queretanos responsabilizan a foráneos por la inseguridad: estudio
Los habitantes de Querétaro tienden a responsabilizar a las personas originarias de otras entidades sobre el desorden, el caos y los altos índices de criminalidad que se registran en el estado; lo que se ha reflejado no sólo en medios de comunicación, planes de gobierno, sino también en publicaciones de historiadores locales.
Lo anterior, ha permitido a la docente de la Facultad de Derecho, Mónica Eugenia Morena Rubio y al estudiante de la Licenciatura en Criminología, Kevin Eduardo Uribe, desarrollar un proyecto de investigación que se centra en el estudio de este fenómeno social que deriva de la percepción que tienen los habitantes sobre los foráneos.
Derivado de esta investigación, Moreno Rubio actualmente indaga en los mecanismos sociales que conlleva a que este discurso se reproduzca entre el ciudadano de a pie, es decir, analiza si el discurso intelectual también ha permeado entre los habitantes de colonias populares del estado, bajo la investigación “Criminalidad y migración: el caso de Lomas de Casa Blanca, Querétaro”.
“Lo que se trató en esa tesis fue rastrear históricamente cuándo empezó esa ‘maña’ del nativo queretano y ubicar a los intelectuales de ese orden social, es decir la forma de cómo se comporta y opera el nativo para decir ‘fue el foráneo’. Por lo que, se ubicaron a los intelectuales del orden social, los que reproducen esa idea de manera constante ese ‘temor a la otredad’, a lo extraño”, destacó la investigadora de la FD.
Para esta investigación, el equipo de trabajo seleccionó las colonias: Lomas de Casa Blanca, Menchaca I, II y III, Felipe Carrillo Puerto y el pueblo de Jurica, ya que dichas demarcaciones fueron catalogadas con alta percepción de riesgo y amenaza por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Finalmente, recordó que esta percepción se hizo más evidente tras la migración que se tuvo en 1985 derivado del terremoto en la Ciudad de México, sin que se tenga evidencia de que los migrantes de otros puntos de la República o los locales, sean quienes propician los altos índices de criminalidad.
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