Uruapan bajo fuego: amenazas, listas negras y un asesinato que la Fiscalía no puede explicar
El homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez desató una crisis que ya alcanzó a la nueva administración municipal, luego de que más de cuarenta funcionarios —incluida la alcaldesa Grecia Quiroz— recibieran mensajes atribuidos a células criminales que reclaman pactos rotos y advierten que “van a terminar el trabajo”.
Mientras las amenazas escalan, la investigación oficial permanece llena de contradicciones, evidencias movidas y versiones enfrentadas entre autoridades estatales y federales.
Las amenazas dirigidas a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y a más de cuarenta integrantes de su administración se han convertido en el eje más preocupante de la crisis política y de seguridad en el municipio.
Los mensajes, atribuidos a grupos identificados como CMNG, CJNG, R1, R2, R5 y “La Gorda”, contienen advertencias directas, lista de nombres y afirmaciones sobre supuestos acuerdos con autoridades federales que, según los remitentes, fueron incumplidos tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
El contenido de los mensajes fue recibido previo y posterior a la toma de protesta de Quiroz y menciona de manera explícita a funcionarios municipales, líderes comunitarios y miembros del cabildo.
Uno de los textos afirma de manera literal, “Pura gente de mi apa Rino sangre con sangre se paga perro puro comando grillo, Vamos por ti Carlos Tafolla, Lupita Arias, Esteban Constantino, Macas, Los Maldonado, Omar hernades, Constantino pulido y el secretario arturo, Pura gente del señor Mencho a la verga”, señalando a colaboradores directos de la alcaldesa y al diputado independiente Carlos Bautista Tafolla.
Otra amenaza plantea un contexto político más amplio, en el mensaje aparece la frase “Había un acuerdo con el gobierno federal y no lo están respetando, la orden viene de el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y altos mando del PRI, PAN y PRD nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo pero el gobierno ya tiró la bandera y ahora nos culpa sólo a nosotros, y para demostrarlo vamos a terminar el trabajo por el cual hicimos el acuerdo, sólo acepten también ustedes gobernantes su responsabilidad”.
El texto vincula el homicidio del alcalde con supuestas negociaciones políticas, una narrativa que las autoridades no han confirmado y que especialistas califican como estrategia de presión criminal.
Las amenazas alcanzan a más de cuarenta funcionarios, entre ellos regidores, directores de área, personal operativo y miembros de estructuras políticas locales.
El volumen y la precisión de los nombres obligó a la activación de medidas de seguridad y vigilancia extendida.
Hasta ahora no existe una explicación oficial sobre el origen de los mensajes ni sobre su análisis técnico, aunque la Fiscalía estatal confirmó de manera general que existe una carpeta en curso.
Mientras la alcaldesa y su equipo enfrentan este clima de hostigamiento, el asesinato de Carlos Manzo continúa bajo una investigación cuestionada por las inconsistencias visibles en los registros que circularon la noche del ataque.
El principal señalado por la Fiscalía es Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de diecisiete años que aparece en videos sometido, interrogado por civiles y posteriormente sin vida.
En esas grabaciones se observa también que su ropa cambia de posición entre distintas imágenes y que el cuerpo aparece en ubicaciones diferentes antes de la llegada de los peritos, lo cual compromete la cadena de custodia.
La Secretaría de Seguridad federal había difundido dos días antes el nombre de un sospechoso distinto, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, de diecinueve años y presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esa contradicción nunca ha sido esclarecida por autoridades estatales ni federales. En los videos también aparece un hombre de civil con un radio que camina junto al alcalde segundos antes del ataque; su identidad y función siguen sin explicación.
Uruapan enfrenta simultáneamente dos frentes críticos; por un lado, un asesinato con evidencias manipuladas, identidades contradictorias y vacíos en la narrativa oficial.
Por otro, una serie de amenazas masivas que comprometen el ejercicio de gobierno y que buscan imponer una presión directa sobre la administración municipal.
La combinación de ambos escenarios ha colocado al municipio en un estado de vulnerabilidad institucional.
La población exige claridad. Las autoridades deben determinar si los mensajes corresponden a una operación coordinada del crimen organizado o a un intento de desinformación con interés político.
Y también deben aclarar las contradicciones en torno al homicidio del alcalde Manzo, ya que sin una investigación creíble la gobernabilidad de Uruapan queda en una posición frágil.
Hasta el momento, lo único claro es que las amenazas contra el gobierno municipal ya alteraron el panorama político local, mientras la muerte de Carlos Manzo continúa rodeada de dudas que la Fiscalía no ha despejado.
En un contexto así, la exigencia ciudadana es simple, que las autoridades transparenten cada elemento, protejan a los funcionarios señalados y conduzcan una investigación que elimine la incertidumbre que hoy domina la vida pública del municipio.
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