Daniel Morales Díaz: historia de una venganza personal
La promesa incumplida de adquirir un terreno propiedad de su padre para la construcción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) fue la chispa que desató la explosiva ira de Daniel Morales Díaz, presidente de la Barra de Abogados de Apizaco, contra tres magistrados que —según él— le impidieron obtener una millonaria ganancia.
El conflicto público se remonta a mayo de 2024, cuando Morales Díaz presentó una denuncia por la supuesta adquisición de un predio a sobreprecio. La compra había ocurrido en 2022 y la cuenta pública fue aprobada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala.
Lo verdaderamente relevante de esta historia es que, en esa época, Daniel Morales Díaz trabajaba como proyectista del entonces presidente del TJA, Marcos Tecuapacho Domínguez, quien era además su jefe directo.
Tecuapacho mantenía una relación cercana con el padre de Morales Díaz (de nombre también Daniel Morales), y fue precisamente el joven Daniel quien propició el acercamiento entre ambos.
El objetivo: que el Tribunal adquiriera un terreno propiedad de su padre para construir sus nuevas oficinas. Con ello, padre e hijo esperaban beneficiarse económicamente de la operación.
Sin embargo, el enojo de Morales Díaz estalló cuando se enteró de que el predio no sería adquirido a su familia, como esperaba, y que él quedaría fuera del millonario negocio. Además, por ley, estaba legalmente impedido para participar en dicha operación, por ser trabajador activo del Tribunal y subordinado directo del magistrado involucrado.
El predio fue finalmente adquirido a un tercero: Felipe Morales Morales, también originario de Yauhquemehcan y con quien Daniel Morales Díaz mantenía diferencias personales de larga data.
Esta decisión generó una discusión acalorada entre Daniel y su jefe, Marcos Tecuapacho.
Ya fuera del Tribunal y movido por el rencor, Daniel Morales Díaz, promovió un juicio político de los magistrados y esperó al último tramo del proceso electoral del Poder Judicial para emprender su venganza.
Su objetivo: empañar la imagen de los magistrados involucrados y obstaculizar la candidatura de Elías Cortés Roa al Tribunal de Justicia Administrativa.
Paradójicamente, fue el propio Cortés Roa quien, en su momento, intercedió para que Morales Díaz recibiera su liquidación conforme a la ley, pese a que, según fuentes extraoficiales, ya no cumplía con sus obligaciones laborales desde que el negocio del terreno quedó frustrado.
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