La ley Monzón
Por Mar Morales
Cecilia Monzón, abogada feminista de Puebla, fue asesinada a balazos cuando transitaba en su vehículo por el municipio de San Pedro de Cholula en mayo de 2022.
A lo largo de su carrera, se especializó en brindar asesoría legal a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, enfocándose en casos de violencia doméstica, reclamo de pensiones alimenticias y derechos de las infancias.
Incursionó en la política, fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó diversos cargos, pero en 2018 se postuló como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el Partido Verde Ecologista de México.
Días después fue detenido Javier López Zavala, excandidato a gobernador de Puebla por el PRI y presunto autor intelectual del feminicidio. Monzón y López Zavala mantuvieron una relación sentimental, de la cual nació un hijo, a quien su padre le negaba la pensión alimenticia.
López Zavala fue muy cercano al exgobernador Mario Marín, preso en el penal del Altiplano por el delito de tortura hacia la periodista Lidia Cacho.
Tras el asesinato de la abogada familiares, amigos y activistas exigieron justicia pero, además, externaron su preocupación la seguridad del menor de cuatro años.
Fue así que el Congreso de Puebla aprobó el 3 de marzo de 2023 la Ley Monzón, que quita la patria potestad a los padres acusados de feminicidio y la suspende en aquellos casos donde el sospechoso esté bajo investigación por este delito.
En la Ley Monzón se reconoce a los hijos como víctimas indirectas de feminicidio y en caso de que algún hijo o hija sea testigo del delito, la pena pasa de 40 a 60 años a una de 50 a 70 años de prisión.
Los funcionarios cómplices u omisos en la investigación serán castigados con 10 años de inhabilitación.
Qué importante es que con esta ley las y los hijos de un feminicida queden separados del padre, pues si fue capaz de matar a su madre, nada garantiza que a su lado estén seguros.
La iniciativa, aunque fundamental para garantizar los derechos de nuestras infancias a una vida libre de violencia, apenas se aprobó en Sinaloa, Tlaxcala, Nayarit, Colima, Tabasco, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México y debe replicarse en todo el país.
La seguridad y el bienestar de nuestras infancias debe ser prioridad del Estado y de todos y todas.
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