• Opinión

• Redacción
• 24 septiembre 2026

José Luis Camacho Acevedo

Para estar en sintonía con la narrativa que el presidente Donald Trump le endilgó a México diciendo que somos el epicentro de la violencia mundial de los carteles, hoy nos referimos a un caso que es, por lo menos, sintomático de un “injerencismo financiero” de agencias gringas como la DEA en nuestra nación.

Para nadie es sorpresa que la intervención de instituciones estadounidenses en el sistema financiero mexicano es creciente y casi siempre fuera de los marcos legales.

Hace un año tuvimos la evidencia más clara, cuando el FinCen, del Departamento del Tesoro norteamericano emitió órdenes en contra de tres bancos en México por participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A partir de este incidente se habló de rondas de encuentros bilaterales, de establecer una mayor coordinación entre las instituciones competentes e incluso de crear formas pertinentes de intercambio de inteligencia e información para mostrar un frente unido entre ambos países en el combate a las actividades financieras que estuvieran al margen de la ley.

La percepción general en los círculos financieros nacionales es en muy marcada en el sentido de que la directriz de esa cooperación bilateral se fija al norte del río Bravo y aquí se ejecutan las acciones con resignación.

Ni las reuniones de coordinación ni el intercambio de información estratégica entre ambas naciones se han podido celebrar desde su anuncio a la fecha.

Esa condición de dominio e intervencionismo financiero por parte de Estados Unidos en México se ha convertido en un grave riesgo para el funcionamiento de las instituciones que componen nuestro sistema financiero.

Un caso por demás manifiesto de los perjuicios que trae esa intromisión al sistema financiero nacional, son las secuelas que han dejado la liquidación de Intercam, CI Banco y Vector.

Debido al escándalo mediático que causó esa medida unilateral, la de sancionar a CI Banco, Intercam y Vector, pasó desapercibida otra intervención no menos trascendente en el ecosistema de las Fintech.

En dicho entorno del mundo FinTech, donde la regulación es mucho más laxa que la que se aplica a los bancos convertidos en verdaderas instituciones de ahorro y crédito; ha permitido que se cometan abusos y acciones ventajosas de distintos jugadores (de los que pululan en el mundo FinTech) que apuestan por el crecimiento o expansión de sus servicios sin mediar prudencia financiera para sus clientes e igualmente asumir una actitud aprovechada con respecto de la banca.

En ese descuido de supervisión institucional está el caso de Wallet Digital de KLU, operada por Klu Tech S.A.P.I.de CV, mismo que fue cerrado sin que ninguna autoridad diera detalles de la acción.

Hoy se sabe que el cierre de la mencionada FinTech se debió a una alerta emitida presuntamente por la DEA, quien identificó operaciones de esa institución operando al amparo de la laxitud regulatoria, misma que permitió las mencionadas sistematizaciones  financieras vinculadas a recursos de procedencia ilícita por hasta 800 mil dólares, solo en la segunda mitad del 2025.

Si efectivamente en el citado caso la intervención fue de la DEA, no es difícil imaginar que la procedencia ilícita de estos recursos estaría vinculada al tráfico de drogas, que es el principal objetivo de las actividades de la agencia norteamericana.

Según se pudo confirmar hace unos días, la misma DEA habría concluido una visita ¿de inspección? ¿de auditoría? (acaso teniendo información de que en esa ubicación estaría un laboratorio de drogas sintéticas) en las oficinas de KLU en la ciudad de México, para asegurarse la propia DEA que se hubieran terminado todas las actividades que señaló como causales cuando cerraron su Wallet.

Será cuestión de tiempo para conocer si se encontró algo verdaderamente irregular o si por ahora la FinTech mexicana logra pasar el filtro de los norteamericanos.

Y desde luego, sabremos también si los reguladores mexicanos tienen algo que decir, antes de que sus contrapartes en los Estados Unidos tomen alguna decisión que “termine” con la fantasiosa historia de coordinación y colaboración que nos han contado en las últimas semanas.

Es urgente que los reguladores mexicanos asuman con toda energía sus obligaciones de control, tanto en el plano nacional como en el de la relación con el vecino del norte.