México blinda su soberanía: la estrategia para erradicar la histórica dependencia del gas de EE. UU.
Durante décadas, la seguridad energética de México se mantuvo atada a las decisiones de Washington debido a un modelo que priorizó la importación masiva antes que la autosuficiencia. Durante 2025, el país alcanzó un máximo histórico al comprar un promedio diario de 6,638 millones de pies cúbicos de gas natural a Estados Unidos, cubriendo el 76% de la demanda nacional. Esta vulnerabilidad estructural provocó que más del 60% de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dependiera de un recurso extranjero, una alarmante herencia que dejó al sistema eléctrico nacional al borde de crisis logísticas y regulatorias externas.
El peligro real de este esquema quedó demostrado con la tormenta invernal de febrero de 2021 en Texas, cuando la suspensión del suministro extranjero dejó sin luz a casi 5 millones de usuarios en el norte y centro del país, mientras los precios del gas se disparaban hasta un 5,000%. Académicas como Aleida Azamar Alonso, en su reciente obra México en la encrucijada gasífera (2026), advierten que, ante cualquier emergencia climática o escasez, el gobierno estadounidense siempre priorizará su mercado interno. Esta falta de almacenamiento estratégico reduce el margen de maniobra del Estado mexicano, consolidando este recurso como el verdadero "talón de Aquiles" de la infraestructura nacional frente a choques geopolíticos.
Para revertir esta asimetría y rescatar la soberanía nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una postura firme e impostergable. A través de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha trazó la meta de elevar la producción nacional de gas natural de 3,800 millones de pies cúbicos diarios a 5,000 millones para el año 2030. La estrategia incluye la explotación responsable de yacimientos no convencionales, una medida indispensable para romper las cadenas de un mercado que tiene a México como el principal comprador del energético estadounidense, por encima de potencias como Canadá y Países Bajos.
Esta política de rescate se complementa de forma equilibrada con un agresivo plan de diversificación hacia fuentes limpias. El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 proyecta la incorporación de 24,954 MW de nueva capacidad limpia para el final de la década, de los cuales el 58% corresponderá a energía solar y el 22% a eólica. De manera crucial, la CFE asumirá el control de la mayor parte de los 5,000 MW destinados a sistemas de almacenamiento estratégico, asegurando que la transición tecnológica no quede en manos de intereses privados, sino bajo el resguardo del patrimonio público.
A pesar de los cuestionamientos de sectores académicos y consultores tradicionales que alertan sobre los impactos ambientales de la fracturación hidráulica y defienden proyectos de reexportación hacia Asia, el enfoque oficial sitúa el abasto interno como una prioridad de seguridad nacional. El megaproyecto de convertir al país en un puente de exportación de gas fósil licuado estadounidense terminaría por agravar los riesgos financieros y normativos, sometiendo al país a regulaciones ajenas. Por ello, la política actual se concentra en fortalecer los recursos propios dentro de las fronteras nacionales para blindar la estabilidad económica regional.
@_Melchisedech
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