Rosario Robles saca las uñas: traicionada y abandonada
Por José Luis Camacho Acevedo
Los “amigos” del talente de Luis Videgaray o Emilio Zebadúa, se desmarcaron de Robles para no sufrir las consecuencias de un largo encarcelamiento como el que ella está padeciendo y que se puede agravar peligrosamente, dejándola prácticamente en tesitura de cadena perpetua
"Primum nil nocere o primum non nocere se traduce en castellano por “lo primero es no hacer daño”.
Hipócrates.
La exjefa de Gobierno de la CDMX, convertida en chivo expiatorio del grupo corruptor del peñismo, fue aconsejada por sus verdaderos amigos de defenderse con todo ante las traiciones y el abandono de quienes fueron sus compañeros de viaje en la instrumentación de La Estafa Maestra.
Los “amigos” del talente de Luis Videgaray o Emilio Zebadúa, se desmarcaron de Robles para no sufrir las consecuencias de un largo encarcelamiento como el que ella está padeciendo y que se puede agravar peligrosamente, dejándola prácticamente en tesitura de cadena perpetua.
La expareja sentimental del polémico empresario argentino Carlos Ahumada reaccionó y pidió el beneficio del ya famoso “criterio de oportunidad” para evitar que causará efecto la solicitud de un juez federal del Estado de México, con sede en el penal del Altiplano de librar una nueva orden de captura en su contra, entonces la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU en tiempos del peñismo, decidió romper el silencio.
Para nadie es un secreto el afecto que le profesan a Rosario los más importantes miembros de la dinastía Cárdenas.
Y seguramente que ellos, muy cercanos al afamado juez Baltazar Garzón, quien tiene como su cabildero en México al controvertido comunicador español Antonio Navalón e instruyó a sus abogados a que la convirtieran en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, y evitar que procediera una seria acusación por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que le podría condenar a muchos de prisión.
La investigación se basa en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por operaciones de empresas “fachada” o factureras que simularon la subcontratación de servicios con universidades públicas.
Robles enfrenta un proceso por ejercicio indebido del servicio público relacionado con la llamada Estafa Maestra, por supuesta omisión en el desvío de 5 mil millones de pesos.
Y todo indica que las cosas le están funcionando a Rosario.
La acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada ya fue desestimada y la FGR dio un severo revés al traidor de Emilio Zebadúa, al negarle un amparo que habría solicitado y por ello queda en posición vulnerable que pueden proceder a la incautación de sus bienes e incluso a su detención para llevarlo a prisión, ello a pesar de haberse acogido al criterio de oportunidad y empezar a realizar señalamientos en contra de varios ex funcionarios ligados a La Estafa Maestra, entre ellos nada menos que a su exjefa y protectora.
Con un cinismo digno de mejor causa, Luis Videgaray reaccionó a las imputaciones que le hiciera Roble Berlanga a través de sus abogados diciendo que el exsecretario de Hacienda y ex titular de Relaciones Exteriores había sido el autor intelectual de la maniobra para defraudar al erario por la mencionada y ominosa cantidad de cinco mil o más millones de pesos.
El argumento burocrático de Videgaray para descalificar a los abogados de Robles fue que NUNCA fue su jefe directo.
Esa es una burla al sentido común de los mexicanos que sabemos perfectamente el papel dominante que ejerció Videgaray durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Rosario puede decir que está acusando a Videgaray de ratero, no de tarugo, pero que tiene elementos para poner en condición de delincuente al ex todo poderoso cerebro financiero y político del sexenio pasado.
La historia que contará Rosario Robles es una cruenta narrativa que apenas está presentando sus primeros capítulos.
Siguen engañando sus funcionarios al presidente AMLO
La reunión que sostuvieron el pasado lunes 23 del presente, el grupo de empresarios encabezados por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial con el mandatario López Obrador, tuvo como tema único el grave asunto que representa para la economía mexicana la nueva ley de subcontratación que se está analizando en el Congreso de la Unión.
Acompañaron a Carlos Salazar en esa reunión cumbre Francisco Cervantes, líder de la Concamin; José Manuel López, dirigente de la CONCANACO; Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; y Claudia Jañez del Consejo de Empresas Globales.
En esa cumbre los empresarios advirtieron al presidente de los graves perjuicios que traería para la industria nacional, especialmente el capítulo de empresas extranjeras como la automotriz, del vestido y los alimentos, entre otras, de aplicarse una ley que ahuyentaría a esos consorcios de nuestro país generando un mayor desempleo que el que padece México a causa del Covid-19.
De inmediato el presidente de la República instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, al director del IMSS, Zoé Robledo, a la gente del SAT y dependencias relacionadas con el tema de la subcontratación para que revisaran la propuesta de ley debido a las consecuencias tan peligrosas que traería consigo su aplicación.
Por parte de los empresarios se integró un consejo técnico que analizará el tema con los mencionados funcionarios federales.
El consejo técnico del empresariado lo conforman Lorenzo Roel, presidente de la comisión laboral del CCE y Pablo Mendoza, presidente de la comisión fiscal del CCE.
La disputa por el control de los pobres obreros subcontratados en México, la inició Napoleón Gómez Urrutia asesorado por sus verdaderos jefes sindicales de Estados Unidos y Canadá. País del que por cierto Napito tiene nacionalidad y gracias a ella pudo votar en las recientes elecciones para renovar el Senado canadiense.
Hay que recordar que, como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado, Napito propuso la creación de un Centro de Registro y Certificación de Empresas para controlar y supervisar las actividades de las empresas que están bajo este sistema.
Se le darán mayores facultades a la Secretaría del Trabajo para sancionar a compañías que no cumplan con la ley.
Sin embargo, tras la inconformidad de los empresarios porque la ley aprobada y generada por la ambición de Gómez Urrutia, por el hecho de que quedarían las empresas contratantes en tesitura de criminales con las consecuencias de ley esperadas, el presidente López Obrador instruyó que se atendiera la recomendación surgida en el ejercicio del Parlamento abierto realizado en el Senado que escuchó a los involucrados y se estableció que no se tipificará como crimen organizado el outsourcing, que fue el punto que generó una gran preocupación en el sector privado.
Outsourcing es un anglicismo que se usa para referirse a la subcontratación o tercerización de servicios. Una empresa delega recursos a una compañía externa para la prestación de servicios especializados.
La figura del outsourcing se incluyó en la Ley Federal del Trabajo desde diciembre de 2012.
Desde ayer sesionan las comisiones que se conformaron por orden presidencial después de que el mandatario conoció los riesgos de aplicar la nueva legislación y los cambios que se hicieron con gran desconocimiento e insensibilidad al artículo 15 en materia de outsourcing de la Ley Federal del Trabajo.
Tal parece que sus funcionarios no le proporcionan informes completos al presidente sobre temas tan trascendentales como el de la nueva regulación que pretendían imponer en lo que era prácticamente un albazo legislativo.
Pero finalmente López Obrador regresó a la ruta conveniente la reforma a la subcontratación en México y gracias a ello podrán salvarse miles de los mejores empleos que hay en el país y se conservará la permanencia de la industria extranjera que utiliza la subcontratación, ahora mejor regulada en materia de prestaciones al trabajador, que sin duda es un elemento clave en el desarrollo económico nacional.
El Covid no ha enseñado aún su rostro más agresivo
La realidad de la pandemia, según los científicos más acreditados del mundo, es que el Covid-19 no ha enseñado aún su peor rostro.
En México con más de 104 mil muertos a causa del virus, y que además el viernes pasado llegó al récord de contagios con 10 mil contagios en 24 horas, son señales inequívocas de que la agresividad del virus es mucho mayor de lo que habían calculado las alegres cifras del subsecretario Hugo López-Gatell y su pandilla.
De tal suerte que no es gratuito que el llamado rockstar de la pandemia vaya acumulando demandas por negligencia.
El protagonismo de López-Gatell tiene metida en serios problemas de control sanitario a la jefa de gobierno de la CDMX.
Prácticamente sin salida, Sheinbaum dio a conocer que esta semana el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja con alerta al límite, lo cual no es más que un eufemismo de que la capital está virtualmente en semáforo rojo.
Por razones económicas y sociales, y con un tufillo político muy penetrante, instalarse en el semáforo rojo difícilmente será una medida que difícilmente volverá a poder implementarse.
Las consecuencias catastróficas que tendría para el empleo por el cierre de fuentes de trabajo que conlleva pueden ocasionar un desbordamiento social insospechado en la capital.
Pero ante las cifras alarmantes de contagios y fallecimientos de la semana pasada, podría ocurrir, sobre todo, si continúa el alza en las hospitalizaciones.
Para evitar llegar al drástico rojo, Sheinbaum ha recurrido a recorrer los horarios, imponer ley seca en delegaciones de forma alternada y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes después de las 19:00 hrs.
También implementó, desde hace dos semanas, la aplicación de miles de pruebas rápidas y el seguimiento de personas contagiadas con código QR, esto con la finalidad de hacer eficientes los esfuerzos para aislar a las personas que portan la enfermedad y tratar de controlar la epidemia.
Y es que la decisión no es fácil, parar nuevamente la actividad económica no es una opción para millones de capitalinos.
La gestión de la pandemia por parte de Hugo López-Gatell ha sido totalmente desastrosa. Ya no es un secreto que son repetidas las ocasiones que mantuvo diferencias con Claudia Sheinbaum, debido a la oposición que tiene el galeno de moda a las decisiones innovadoras de la Jefa de Gobierno.
Con más de 104 mil muertos por Covid-19 es evidente que el rockstar subestimó la pandemia, se equivocó en su estrategia de salud pública y mandó mensajes contradictorios y equivocados que confundieron a la población, a veces en cosas tan sencillas, pero extremadamente útiles para controlar la aceleración de los contagios, como es el uso del cubrebocas.
Un aliado de López-Gatell para no utilizar la mascarilla resultó ser, no era para esperar algo menor, el inenarrable diputado Gerardo Fernández Noroña con el show que protagonizó en el seno del Consejo General del INE al desacatar salvajemente los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por la institución.
Y nuevamente la luz al final del túnel la vuelve a mostrar el acribillado mediáticamente de Marcelo Ebrard.
El canciller se puso a gestionar muy a tiempo, para cumplir el encargo que le confirió el presidente López Obrador, lograr que México vaya a tener acceso a una vacuna en el tiempo más breve posible.
Como resultado de las negociaciones del canciller, nuestro país tiene convenios con al menos cinco farmacéuticas para acceder a la vacuna y algunas de esos convenios son con los laboratorios que más avanzados van con sus pruebas y ensayos finales.
Por ende, es casi un hecho que la vacuna llegara a nuestro país durante la segunda mitad de diciembre o principiando el inminente 2021.
Para cuando las primeras dosis lleguen al país, ya se está preparando un protocolo de aplicación para que sean los trabajadores de la salud y los adultos mayores los primeros en recibirlas. Con ello el pueblo mexicano podría tener un suspiro para poder transitar hacia la recuperación económica.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria, Ebrard y Sheinbaum se han dedicado a poner sus mayores esfuerzos para controlar la pandemia, sin caer en los protagonismos provenientes del altísimo ego de López-Gatell, quien hoy parece perdido en su gestión, pasándole la responsabilidad a los estados y así lavarse las manos del desastre que ha causado.
Ante la irresponsabilidad de López-Gatell habrá consecuencias, algunas motivadas por las demandas penales que han interpuesto en su contra un grupo de diputados panistas y otras surgen de la sociedad, como la promovida por un grupo de estudiantes de la UNAM.
El pueblo mexicano exige cuentas y castigo a los responsables.
Porque parece que los tiempos más graves de la pandemia apenas están por venir.
Miscelánea
1.- Nuevamente El Heraldo de México aparece en el Top Teen de los sitios más visitados en internet. Com Score lo incluye en sus calificaciones de octubre entre los cinco primeros lugares. Sin duda que el trabajo periodístico de Franco Carreño y Alfredo González, así como la visión empresarial que tienen de los medios Ángel Mieres y Alejandro Arai, han logrado que, en solo un corto tiempo, El Heraldo Media Group sea uno de los referentes de información y orientación más confiables del país.
2.- En Sonora, el Borrego Ernesto Gándara siente que se le va posibilidad de ser candidato de una coalición PRI-PAN-PRD. Varios de los más importantes priistas de la entidad siguen ofendidos por la renuncia del Borrego a ese partido. Los panistas no le tienen confianza. Y sus gentes se dedican a difamar en redes sociales al favorito de la contienda Alfonso Durazo Montaño quien sigue con su trabajo profesional sin recurrir a viejas artimañas como lo hace el Borrego.
3.- Antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre, deberá revisar, y rectificar en su caso, el proyecto de Reforma a la Ley del Poder Judicial que les enviaron del Senado de la República. Varios especialistas consideran que ese proyecto de reforma está hecho a modo por la Suprema Corte toda vez que le otorga unas facultades y una discrecionalidad que ponen en riesgo puntos tan sensibles como los criterios para designar nuevos juzgadores.
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