• Opinión

• alexgomezmx
• 12 noviembre 2025

Tlaxcala entre el Frío y agua sucia y México atraviesa segunda cortina de humo

Por estos días, mientras la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anuncia campañas para enfrentar el frío invernal, Tlaxcala sigue temblando por causas que no tienen nada que ver con el clima y ciertamente tampoco es culpa de su titular, Juvencio Nieto Galicia.

En los diálogos circulares que organiza la CCOM del Gobierno de Tlaxcala, el jefe de la CEPC habla de temperaturas que podrían descender hasta los 3 grados centígrados, incluso con registros de –5 °C, y anuncia la habilitación permanente de 25 refugios en 17 municipios, incluso coordinados con la SEDENA, porque el tema no sólo es frío, sino inundaciones, sismos e incendios, por ejemplo.

La pobreza en Tlaxcala no se mide sólo en números ni en porcentajes, sino en rostros, en manos agrietadas por el frío y en hogares que no tienen más abrigo que una cobija vieja.

Mientras el termómetro desciende hasta los tres grados bajo cero en algunos puntos del estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil se prepara para abrir refugios temporales en 17 municipios, pero las cifras revelan que los frentes fríos de este invierno no serán la única amenaza, porque más de 63 mil tlaxcaltecas viven en condiciones de pobreza extrema, según el INEGI y el CONEVAL, y son ellos quienes más padecerán los efectos de las bajas temperaturas.

Lo anterior me salta como interrogante: ¿Tendrá el ejecutivo datos claros sobre dónde y en qué condiciones estás los 63 mil? ¿Cuáles son las políticas públicas para ellos?

El dato oficial indica que cuatro de cada diez personas en Tlaxcala se encuentran en situación de pobreza multidimensional, un término elegante para describir la falta de techo adecuado, empleo formal, alimentación suficiente o servicios básicos.

La cifra asciende a casi 600 mil personas, de acuerdo con los registros más recientes del INEGI (2024); detrás de esa estadística hay comunidades enteras que sobreviven en la incertidumbre, sin calefacción, sin acceso constante al gas doméstico y con ingresos laborales por debajo del costo de la canasta alimentaria, que ronda los 2 mil 200 pesos mensuales por persona.

Entre los municipios con los mayores niveles de pobreza extrema se ubican Mazatecochco, El Carmen Tequexquitla y San Pablo del Monte, todos con carencias que los hacen especialmente vulnerables.

Pero también hay rezagos importantes en zonas rurales de Tlaxco, Zitlaltepec, Emiliano Zapata y Terrenate, donde los habitantes aún dependen de leña o carbón para enfrentar los fríos que este año podrían alcanzar temperaturas de hasta –5 °C, de acuerdo con los reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia, encabezada por Juvencio Nieto Galicia, anunció la instalación de 25 a 26 refugios permanentes ante la llegada de los 48 frentes fríos previstos para la temporada.

El problema es que muchos de los municipios más pobres no cuentan con infraestructura suficiente ni con transporte público constante para trasladar a las familias a estos espacios. En la práctica, buena parte de la población vulnerable quedará a merced del clima en sus casitas de láminas de cartón, adoble, tejamanil y pisos de tierra.

El invierno de 2025 llega en un contexto donde el frío no es sólo climático, sino institucional.

El discurso de la asistencia social sigue sin tocar las raíces de la desigualdad, mientras que la precariedad de los servicios municipales y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno vuelven a exponer a los mismos de siempre: los pobres, los invisibles, los que no aparecen en las estadísticas hasta que mueren de neumonía o de hambre.

Los datos del INEGI y el CONEVAL deberían provocar alarma, pero en Tlaxcala suelen pasar como si fueran notas marginales. La pobreza extrema es una tragedia silenciosa que se repite cada invierno. En los municipios más afectados, el frío no distingue entre edades ni géneros, pero sí castiga más fuerte a los que menos tienen.

Y mientras el estado presume proyectos y obras de infraestructura, decenas de miles de tlaxcaltecas siguen sin un hogar digno, sin cobijas suficientes y con el riesgo de que este invierno sea, otra vez, una sentencia.

Porque en Tlaxcala, la pobreza tiene nombre, tiene rostro y, cuando cae la noche y la temperatura baja, también tiene frío.

En Tlaxcala, el invierno no debería ser una sentencia para quienes menos tienen, pero lo cierto es que miles de familias enfrentan temperaturas extremas con recursos mínimos.

Ante ese panorama, la Secretaría del Bienestar ha puesto en marcha una estrategia que busca amortiguar los efectos del frío y la pobreza con programas que, más que asistenciales, son de supervivencia.

Dice el gopierno del estado de Tlaxcala que más de 417 mil tlaxcaltecas reciben apoyos en el bimestre noviembre-diciembre, lo que representa una inyección económica clave para sostener hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Los adultos mayores obtienen $6,200 bimestrales, las personas con discapacidad $3,200, las mujeres entre 60 y 64 años $3,000 y los beneficiarios de Sembrando Vida $6,450.

Sin embargo, más allá de las cifras, la urgencia está en que estos recursos lleguen a tiempo y en su totalidad, especialmente a las zonas más frías y marginadas del estado.

La estrategia se complementa con programas que buscan proteger los hogares y mejorar su calidad de vida: vales de $8,000 para instalar puertas y ventanas, tinacos de 1,200 litros para asegurar agua limpia y estufas ahorradoras de leña que evitan enfermedades respiratorias.

Son acciones que, aunque parecen pequeñas, hacen la diferencia entre resistir el invierno o enfermarse por el humo y el frío.

El Banco de Alimentos y los módulos de autosuficiencia alimentaria también son una apuesta para que las comunidades rurales e indígenas tengan acceso a comida nutritiva sin depender completamente de la ayuda externa.

A esto se suman los apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones y prótesis, además de los proyectos productivos de hasta $50,000 para impulsar la autosustentabilidad en sectores agrícolas, pecuarios y artesanales.

Pero mientras la política social se anuncia con entusiasmo, lo que verdaderamente importa es su aplicación. Urge que estos apoyos lleguen, no a las oficinas ni a los listados, sino a las manos de quienes de verdad los necesitan, y que lo hagan ya, antes de que las bajas temperaturas cobren víctimas silenciosas entre quienes no tienen más abrigo que la esperanza.

Mientras tanto, en otro frente —el del agua, que también es vida y salud— el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Javier Israel Tobón Solano, reconoce que los proyectos ejecutivos para sanear el río Atoyac apenas se están integrando… en noviembre.

Para el ejercicio fiscal 2026, ejercerá la CEAS una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos, mientras tanto, aún se siguen haciendo los proyectos ejecutivos.

Se suponía que los compromisos con la Conagua y las instancias federales debían traducirse en acciones concretas, pero el calendario se sigue aplazando, todo fluye en cámara lenta al grado de que parece que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros terminará su administración en 2027 y nunca veremos un río Zahuapan o cuenta del Atoyac con agua limpia.

Termina otro sexenio e iniciará uno nuevo, con el mismo cuenta y la misma historia se repetirá una y otra vez, mientras el caudal del único río importante que cruza la entidad, sigue siendo un drenaje a cielo abierto.

Seguirá cruzando la capital del estado mientras las jacarandas esconden el olor pestilente tras sus hermosos colores lilas que llaman a un romanticismo que se antoja cochinesco.

Los plazos para que la industria textil y mezclillera cumpla con el tratamiento de sus aguas residuales se mueven hasta 2026 a finales e incluso podría aplazarse hasta inicios de 2027 y aun así, como ya les decía, el panorama para el Zahuapan es incierto.

Tobón habla de sanciones y vigilancia, pero aclara que eso “Corresponde a Profepa, Propaet y Conagua”.

Traducido: Deslinde. La CEAS coordina, pero no supervisa, y la contaminación del Atoyac se convierte en un problema repartido entre instituciones que se pasan la responsabilidad como papa caliente.

Tlaxcala tiene 128 plantas de tratamiento, de las cuales solo una fracción opera correctamente, y aun así se plantea “Hacer menos plantas y construir más colectores”.

Una lógica absurda para un estado con índices alarmantes de contaminación, donde los desechos industriales siguen fluyendo sin control hacia los ríos y los mantos freáticos, mientras las autoridades municipales en su gran mediocridad y omisión no sancionan a vecinos sucios, mal educados, irresponsables y corruptos.

El gobierno del estado debería emitir sanciones fiscales, administrativas y hasta penales por la omisión de los presidentes municipales en materia de reparación, conservación y supervisión del Zahuapan.

La realidad es que Tlaxcala se ahoga lentamente entre el frío que deja expuestas a las familias más pobres y el agua que arrastra veneno, el discurso oficial se mantiene tibio.

Se anuncian 48 frentes fríos y proyectos “a largo plazo”, pero el termómetro político no se mueve.

Las decisiones llegan tarde, las soluciones se discuten en mesas técnicas, y el ciudadano común sigue respirando contaminación y durmiendo bajo cobijas rotas.

La Protección Civil no puede seguir siendo solo un departamento de conferencias y boletines, ni la CEAS un archivo de proyectos “en proceso”.

Tlaxcala necesita autoridades que entiendan que la prevención no se anuncia, se ejerce, porque cuando el invierno y la contaminación se combinan, no hablamos solo de clima ni de medio ambiente, hablamos de una administración que se ha vuelto indiferente al frío humano.

Y esa indolencia, más que cualquier frente frío, es la que realmente congela.

Sin cortinas de humo

A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la indignación pública sigue creciendo mientras las autoridades estatales parecen más concentradas en administrar el escándalo que en esclarecer los hechos.

Lo más grave es que, en lugar de garantizar transparencia, la Fiscalía de Michoacán juega al silencio.

Los videos que contradicen la versión oficial no solo no han sido aclarados, sino que se habla incluso de material oculto, de manipulación de evidencia y de un intento de reescribir los hechos para encajar en un guion cómodo para el poder.

El país, mientras tanto, se acostumbra a las cortinas de humo.

Justo cuando el caso Manzo empieza a tomar fuerza nacional, el plantón de la CNTE se instala en torno a Palacio Nacional con la precisión de un reloj político, para proteger al poder, para agredir a manifestantes, para justificar ante la autoridad.

Nadie cuestiona el derecho a la protesta, pero la sincronía con la ola de indignación no pasa desapercibida.

En el Zócalo no solo hay vallas dobles, hay un muro de contención simbólico con una pútrida organización disfrazada de maestros, que no es otra cosa que un grupo de choque que buscará reventar la marcha por la paz, esa paz a la que todos tenemos derecho.

La CNTE INTENTARÁ aislar el reclamo ciudadano.

Todo indica que el discurso de “gobierno cercano al pueblo” se quiebra en el mismo punto donde la seguridad deja de ser promesa y se vuelve fracaso.

En paralelo, los empresarios comienzan a perder la paciencia; José Medina Mora llega al Consejo Coordinador Empresarial con la tarea de recomponer el diálogo con un gobierno que insiste en confrontar a la iniciativa privada, mientras los números de inversión extranjera y generación de empleo confirman el desgaste de la confianza.

No es casual que, en los mismos días, resurja la vieja discusión sobre el T-MEC: Estados Unidos y Canadá presionan a México por favorecer a Pemex y CFE en detrimento de la competencia.

Aquí se defiende el “soberanismo energético” como si fuera ideología, cuando en realidad es el disfraz de un monopolio estatal sin resultados tangibles.

En el Congreso, la historia no cambia. Se reanudan las sesiones con discursos reciclados, mientras la ética legislativa se reduce a una comisión presidida por un diputado con más expedientes que méritos.

Entre ausencias, simulaciones y pleitos por la sucesión de 2027, la política nacional se parece cada vez más a un juego de sombras: Todos hablan de transformación, pero nadie quiere transformar nada.

En materia de justicia, los nombres pesan. La posible liberación anticipada de Javier Duarte Javidú reabre heridas políticas y éticas.

¿Cómo hablar de combate a la corrupción si el emblema de la impunidad podría salir por la puerta grande, con aval de un juez vinculado a la 4T?

Y no me refiero a Adán Augusto o a Hernán Bermúdez ni a otros muchos nombres sobre los que pesan grandes expedientes de corrupción.

El mensaje es demoledor, aquí no hay buenos ni malos, hay protegidos y sacrificables.

Y mientras todo esto ocurre, la inseguridad sigue siendo el hilo que une a todos los estados.

Desde Michoacán hasta Zacatecas, desde Guerrero hasta Tlaxcala, la violencia se normaliza, se repite, se graba y se olvida.

Las amenazas contra la alcaldesa Grecia Quiroz y su equipo confirman que los grupos criminales operan con nombres, apodos y hasta con comunicados firmados.

Y nadie parece dispuesto a romper esa cadena de silencio que ya nos tiene secuestrados como sociedad.

Hoy, el llamado de Antonio Soto Sánchez, secretario del migrante del estado de Michoacán a un Pacto Nacional por la Paz y la Seguridad suena más urgente que nunca.

No como un eslogan, sino como un punto de inflexión. México no necesita más discursos de unidad, necesita que la unidad se convierta en política pública, en compromiso, en autocrítica y en resultados.

La seguridad no se decreta ni se presume, se construye todos los días con verdad, justicia y responsabilidad compartida.

Porque mientras la clase política sigue viendo hacia 2027, el país sigue sangrando a diario.

Y cuando el silencio del poder se combina con la resignación social, lo que se impone ya no es el crimen, sino la derrota moral de todo un Estado.