Tlaxcala se consolida como referente ambiental nacional: Pedro Aquino
Bajo el liderazgo del secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, el Gobierno del Estado ha emprendido la transformación ambiental más amplia de su historia.
En los últimos dos años, Tlaxcala elevó su estructura operativa a rango de secretaría, creó organismos únicos en el país, modernizó su marco jurídico, ejecutó obras de saneamiento sin precedentes y puso en marcha una estrategia de cambio climático respaldada por cooperación internacional.
La reestructura comenzó con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, que sustituyó el antiguo modelo de áreas dispersas y dio paso a una institución con atribuciones amplias, capacidad regulatoria y mando técnico.
Este cambio incluyó la fundación de la Procuraduría de Protección Ambiental, figura con presencia en pocas entidades del país, y del Instituto de Vida Silvestre, considerado el único organismo estatal integral dedicado exclusivamente al manejo y protección de fauna silvestre.
A esta arquitectura institucional se sumó la Coordinación de Bienestar Animal, un compromiso adquirido por la gobernadora durante la campaña.
Aunque inicialmente sería un área menor, la creciente demanda ciudadana motivó su creación como órgano especializado, encargado de vigilancia, rescate, regulación y formación ética en torno a la protección animal.
Otra pieza fue la conformación de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, resultado de la fusión de los antiguos organismos hídricos. La nueva entidad opera con funciones ampliadas para planear, regular y ejecutar la política pública del agua, un tema crítico para 48 municipios ubicados dentro de la Cuenca Alto Atoyac–Zahuapan.
La reingeniería institucional vino acompañada de una amplia ofensiva legislativa que colocó al estado en una posición de vanguardia.
Con el respaldo de la Legislatura anterior, el Ejecutivo logró aprobar normas que no existían en Tlaxcala —y en algunos casos, tampoco en otros estados del país—. Entre ellas destacan la Ley de Protección y Desarrollo Sostenible; la primera Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala; la primera Ley de Cambio Climático, tras décadas de intentos fallidos; la única Ley específica de Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional; la única Ley de Protección de Árboles Patrimonio de México, impulsada por iniciativa ciudadana; la nueva Ley de Bienestar Animal (2022); y la Ley de Movilidad que incorpora un capítulo obligatorio de cambio climático, un hecho inédito en el país.
Asimismo, se publicó el Reglamento de Ley de Protección al Medio Ambiente en materia de contaminación vehicular, y se prepara la publicación de una nueva Ley de Impacto Ambiental junto con su reglamento.
En materia de infraestructura hídrica, Pedro Aquino confirmó que 15 plantas de tratamiento de aguas residuales estarán a cargo del estado —13 ya operan y dos están en proceso de integración—.
La obra más destacada es la ampliación de la planta de Tizatlán, cuya capacidad se duplicará al pasar de 250 a 700 litros por segundo, lo que permitirá un tratamiento más eficaz de descargas que afectan a la zona metropolitana.
Gracias a inversión federal reciente, Tlaxcala recibió 400 millones de pesos adicionales en 2025 para saneamiento de aguas.
Para 2026 ya está proyectada una inversión histórica de 1,500 millones de pesos, recursos que beneficiarán directamente a 11 municipios e indirectamente a los 48 municipios de la cuenca.
Paralelamente, la SMA ejecutó jornadas de saneamiento, limpieza profunda y reforestación en distintos municipios, entre ellos Muñoz de Domingo Arenas.
En estas acciones se retiraron toneladas de residuos, se limpiaron barrancas y se plantaron más de 500 árboles nativos, con participación comunitaria y apoyo de la Comisión Nacional del Agua.
La dependencia también ha intensificado la vigilancia ambiental; en los últimos meses fueron suspendidos dos verificentros por falsificar verificaciones vehiculares, lo que envía un mensaje de “cero tolerancia” a la corrupción en controles de contaminación.
Otro de los avances estratégicos fue la creación del Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, reconocido en ley y considerado el primero en el país en institucionalizar directamente la participación social, este organismo evaluará el cumplimiento de metas climáticas y fungirá como contrapeso técnico del gobierno.
Asimismo, se formalizó el Sistema Estatal de Cambio Climático, rezago histórico que Tlaxcala mantenía desde hace más de una década.
La SMA también desarrolló el primer Sistema Estatal de Información sobre Cambio Climático, plataforma financiada por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Fondo Internacional IKI. Este sistema permitirá monitorear emisiones, riesgos, indicadores de mitigación y adaptación, y facilitará la planeación de política pública basada en evidencia.
Además, el estado publicó por primera vez el Inventario Oficial de Gases de Efecto Invernadero y presentó el Programa Estatal de Acción Climática 2024-2030, que marca la ruta para reducir emisiones, promover movilidad sostenible y proteger ecosistemas.
La SMA también fortaleció sus capacidades de educación ambiental, en 2023, el área de biodiversidad capacitó a 2,945 personas —entre estudiantes, docentes, funcionarios y sociedad civil— en manejo de residuos, reforestación, compostaje y visitas guiadas en el Jardín Botánico de Tizatlán.
Actualmente, se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para instalar Comités Escolares de Cambio Climático, que funcionarán como espacios de aprendizaje, acción y vigilancia ambiental dentro de las escuelas del estado.
A pesar de los avances, la Secretaría reconoce desafíos pendientes: mejorar la tecnología para el manejo de residuos, actualizar sistemas municipales de agua potable, ampliar capacidades de inspección y consolidar políticas que permitan aplicar plenamente las nuevas leyes aprobadas.
Sin embargo, la dependencia advierte que la estructura, leyes y recursos hoy disponibles colocan a Tlaxcala en un punto muy por encima de las otras entidades, porque nunca antes el estado había contado con tanto soporte técnico, institucional y financiero para transformar su política ambiental.
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