• Tlaxcala

• Redacción
• 04 mayo 2021

El pasado viernes, el Senado de la República clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de la LXIV Legislatura, cuya integración se definió con el histórico triunfo de 2018.

En casi tres años de labor legislativa se han aprobado importantes cambios al orden jurídico mexicano, algunos de ellos, pendientes desde hace mucho tiempo, otros, para revertir las reformas antipopulares avaladas en contra de los intereses de la nación y los derechos de la población mexicana, y otras más, para hacer frente a los retos actuales, derivados de las crisis sanitaria, económica y social.

Desde el primer año legislativo, las senadoras y los senadores que integramos la presente Legislatura nos dimos a la tarea de aprobar un plan de austeridad que incluyó:

1) la disminución del sueldo de quienes laboramos en la Cámara Alta, para fijarlo por debajo del que recibe el presidente de la República;

2) la eliminación del seguro de gastos médicos mayores a costa del dinero público;

3) la reducción del 50 por ciento de subvenciones a grupos parlamentarios, y

4) la supresión del bono de bienvenida de casi 400 mil pesos, entre otras medidas.

Con ello nos convertimos en el primer órgano del Estado en aprobar un plan de ahorro encaminado a eliminar gastos excesivos y cumplir con la máxima de que no puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre.

Durante el segundo año de la actual Legislatura se aprobaron reformas al orden constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, así como otras para prohibir la condonación de impuestos, y para elevar a rango constitucional el derecho de las personas adultas mayores de 68 años, de las que tienen discapacidad permanente y de estudiantes de todos los niveles educativos a recibir apoyos económicos por parte del Estado, como un mecanismo directo para solventar sus necesidades más elementales y  combatir la pobreza y la marginación de grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en la Cámara Alta se aprobó la creación de nuevas leyes, como la General de Educación; la General de Educación Superior; la reglamentaria del artículo 3.o constitucional, en materia de mejora continua de la educación; la Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la de Fomento a la Confianza Ciudadana; la Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, y la de Amnistía, por mencionar algunas, con lo que se ha robustecido la protección jurídica de distintos sectores de la población.

Entre las reformas más importantes se pueden resaltar las referentes a la nueva política energética, fundada en la soberanía del Estado y su recuperación de la rectoría del desarrollo nacional, tal como lo establece la Constitución. Con las modificaciones aprobadas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, se pretende detener el desmantelamiento de Pemex y CFE, y nivelar las asimetrías producidas por la reforma energética aprobada en la pasada administración, generando mejores controles para el otorgamiento de permisos en el ramo petrolero y para el abastecimiento eléctrico nacional.

El cierre de este periodo ordinario de sesiones coincide con dos fechas importantes: el 30 de abril, Día de la Niña y del Niño, y el primero de mayo, Día del Trabajo, y en ese contexto, en la última sesión ordinaria se aprobaron temas coyunturales dignos de mención. Es el caso de la reforma al Código Penal Federal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, y la inclusión en la Ley Federal del Trabajo del reconocimiento del derecho a la desconexión digital de la clase trabajadora.

Tomando en cuenta que los delitos sexuales cometidos contra menores suelen ser perpetrados por quienes ejercen el deber del cuidado de aquéllos, usualmente no son denunciados. En ocasiones pasan décadas hasta que las denuncias son presentadas, cuando los ilícitos ya han prescrito, lo que deja en indefensión a los sujetos pasivos de éstos y permite que las personas agresoras queden impunes.

Por otro lado, con los cambios en las condiciones de trabajo de la era digital y el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, se han desdibujado los límites entre la jornada laboral y el tiempo de descanso, por lo que ahora se deberán establecer claramente los mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores se puedan abstener de participar en comunicaciones electrónicas fuera de su horario laboral.

Ahora corresponde a la Comisión Permanente despachar los asuntos legislativos en el periodo de receso, hasta el 31 de agosto, y se espera la convocatoria a sesiones extraordinarias para agotar, en la medida de lo posible, los pendientes de la agenda legislativa.

En junio se decidirá la nueva integración de la Cámara de Diputados que conformará la LXV Legislatura, con la cual se dará continuidad a la transformación y el cambio de régimen que la población mandató hace casi tres años. El compromiso es seguir haciendo historia, discutiendo y aprobando regulaciones pendientes, como las relativas al cannabis, el impuesto digital y la regulación de redes sociales, entre muchas otras.