Regreso a clases en Oaxaca debe garantizar derecho a educación y salud: DDHPO
Ante el llamado del gobierno federal para el regreso a clases presenciales en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a las instituciones a armonizar el derecho a la educación y a la salud de los niños y adolescentes bajo criterios técnicos y con base científica.
El titular del organismo, Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo que resulta importante la reanudación de clases presenciales con la aplicación de acciones y condiciones para minimizar el riesgo a la salud de los estudiantes y sus profesores, mediante una lógica de respeto irrestricto al interés superior de la niñez y adolescencia.
“Garantizar el derecho a la educación no implica la correlativa eliminación del derecho a la salud, sino que se debe encontrar un equilibrio entre ambos derechos en cuestión”, asentó.
De esta manera, subrayó que si bien existe una disposición general para regresar a clases, el retorno debe ser voluntario y valorado de manera específica por cada escuela, municipio y entidad federativa, basado en las condiciones de salud pública y con los protocolos sanitarios y de movilidad correspondientes.
“El regreso a clases debe ser consensuado con toda la comunidad escolar, es decir, con la participación de las propias autoridades educativas, padres de familia, alumnado y magisterio, a fin de garantizar la participación de todos los sectores”, añadió.
Además, destacó que se requiere la generación y difusión de protocolos de capacitación con el propósito de garantizar a toda la comunidad estudiantil condiciones de higiene y desinfección, así como el suministro permanente de agua potable en las instalaciones educativas.
Aparte de esto, consideró que el regreso a clases presenciales implica también prever y adecuar las condiciones del sistema de transporte público, con el propósito de garantizar condiciones sanitarias y de movilidad para los niños y adolescentes a los centros educativos y contar con el personal docente y servicios de apoyo educativo necesario para la adecuada atención del alumnado dentro de las instalaciones educativas.
"Obligación básica"
Resaltó que el derecho a la educación es un derecho clave, pues cuando se hace efectivo favorece el disfrute de todos los demás derechos, mientras que cuando se niega, dificulta el acceso a los mismos.
Por eso, dijo que es importante lograr un balance con la finalidad de garantizar la salud pública y el derecho a la educación, por ser una obligación básica para los diferentes niveles de gobierno, pero no solo de ellos, porque en este tipo de emergencias sanitarias implica un esfuerzo colectivo de responsabilidad para atender las diferentes directrices de las autoridades sanitarias.
El ombudsperson también convocó a no politizar el regreso a clases, pues esto provocaría perder de vista el elemento principal a garantizar en esta situación, los derechos de los niños y adolescentes.
“El momento histórico actual es una ocasión para buscar respuestas a retos dolorosos e inimaginables, pero también, una oportunidad para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática, en el que el respeto y garantía de los derechos humanos sea la brújula que guíe nuestras decisiones”, terminó.
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