El espejismo fiscal que privatiza el futuro
Raúl Reyes Gálvez
“El agua ya no será tu derecho… será la renta que pagarás por haber confiado en quien hipotecó tu futuro sin pedirte permiso.”
En la política contemporánea hay trampas que no vienen con violencia ni con discursos encendidos, sino envueltas en tecnicismos, promesas de eficiencia y presentaciones en PowerPoint. Una de las más peligrosas es la de las Asociaciones Público-Privadas (APP): acuerdos que, bajo el barniz de la modernidad y la inversión, están redibujando los límites del Estado, borrando fronteras entre lo público y lo privado, y dejando una estela de deuda, dependencia y opacidad.
Las APP no son una simple herramienta de financiamiento. Son estructuras ideológicas que desplazan el papel del Estado como garante de derechos, para transformarlo en administrador de contratos. El argumento suele ser seductor: “no hay dinero para hacer todo, y el sector privado puede ayudar”. Pero el verdadero juego no está en quién construye, sino quién controla, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Y ahí es donde los riesgos estructurales empiezan a aflorar.
Cuando hasta el Banco Mundial dice “cuidado”
Durante décadas, el Banco Mundial promovió con entusiasmo las APP. Sin embargo, su propio Grupo de Evaluación Independiente encendió una señal de alarma: más del 60% de los proyectos apoyados no fueron evaluados por su impacto fiscal. Muchos de los compromisos adquiridos bajo estos esquemas no se registran como deuda formal, lo que permite a los gobiernos maquillar sus finanzas… hasta que el maquillaje se derrite.
Ese es el primer engaño de las APP: no aparecen en los presupuestos como deuda, pero se pagan como si lo fueran, a menudo con sobrecostos, penalidades contractuales y pagos mínimos garantizados que amarran las manos a futuros gobiernos. Y esto no lo dice un movimiento radical: lo reconocen los técnicos del Banco Mundial.
FMI: la deuda que no se ve, pero pesa
El Fondo Monetario Internacional, guardián de la ortodoxia fiscal, también ha advertido sobre estas prácticas. En su Fiscal Transparency Handbook, reconoce que las APP permiten a los gobiernos evadir restricciones fiscales. Son, en muchos casos, una forma de hacer pasar por “inversión privada” lo que en realidad es gasto público diferido, cargado de intereses y blindado por contratos.
Ejemplo emblemático: Reino Unido, pionero en estos modelos, invirtió inicialmente 78 mil millones de dólares en proyectos APP. ¿Costo total real? Más de 420 mil millones. Una multiplicación por cinco. Y todo para mantener, durante años, la ilusión de una disciplina fiscal que nunca existió.
ONU: cuando el contrato sustituye al derecho
La Relatoría Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos no se quedó en los números. Fue más al fondo: denunció que las APP privatizan los derechos. Agua, salud, educación… dejan de ser universales para convertirse en servicios con cláusulas, tarifas dinámicas y reglas opacas. Y lo peor: con cláusulas de confidencialidad que impiden el escrutinio ciudadano.
¿Resultado? Tarifas más altas, exclusión de los más pobres, y contratos que amarran a los gobiernos a intereses privados durante décadas. En Sudáfrica, una APP para el suministro de agua terminó en revueltas sociales ante cortes masivos por impago. En Perú, la Carretera Interoceánica Sur —convertida en símbolo de las APP— acabó entre escándalos de corrupción y sobrecostos astronómicos.
El modelo contable de la negación
Lo que hace tan peligrosas a las APP no es solo su diseño, sino su atractivo político. Permiten cortar listones sin comprometer el presupuesto “a la vista”. Permiten presumir obras sin mostrar la factura. Pero la deuda no desaparece por no estar escrita: se esconde, se acumula, y revienta años después cuando ya nadie recuerda quién firmó el contrato.
Esto ha sido denunciado incluso por centros de pensamiento afines al modelo liberal, como el Institute for Government del Reino Unido o el Center for Global Development. Ambos han sido claros: las APP son una ilusión fiscal que socava la planificación a largo plazo, debilita la rendición de cuentas y mina la confianza ciudadana.
El agua como flujo financiero
Y a pesar de todo esto, hay quienes insisten. El caso del proyecto hídrico El Batán en Querétaro —impulsado por el gobernador Mauricio Kuri bajo un esquema APP— es un ejemplo puntual de cómo se aplica el modelo más caro y opaco para algo tan vital como el agua. Lejos de reforzar el control público sobre un bien esencial, el modelo elegido prioriza la rentabilidad del privado sobre el derecho de los ciudadanos.
No se trata solo de eficiencia técnica, sino de una decisión profundamente política: quién decide sobre el agua, con qué criterios, y durante cuántas décadas. Y la respuesta parece estar en los contratos, no en las urnas.
Epílogo: contratos más fuertes que constituciones
Cuando una APP se firma, no se compromete solo un presupuesto. Se redefine el pacto social. Se acepta que lo público puede ser manejado como una empresa. Que lo esencial puede ser tercerizado. Que los derechos pueden depender de la rentabilidad de un contrato.
El peligro de las APP no es únicamente financiero. Es político, democrático y civilizatorio. Porque cuando los contratos tienen más poder que las constituciones, cuando los tribunales arbitrales deciden sobre el agua, la salud o la educación, y cuando los gobiernos firman ataduras a 30 años sin preguntar a nadie, no estamos ante una herramienta técnica, sino ante una arquitectura de dominación.
El debate no es si las APP son útiles o no. El debate es para quién lo son. Y mientras no se responda esa pregunta con transparencia, con democracia y con ética, seguirán siendo lo que son: el espejismo fiscal que privatiza el futuro.
Y ese es el camino que ha elegido el gobernador Mauricio Kuri: un contrato de 30 años que hipoteca el agua de Querétaro, blindado en confidencialidad, sin consulta ciudadana y con el probable respaldo de diputados de Morena alineados con el gobierno panista.
Preparémonos, Querétaro: lo que firmarán no es una obra, es una condena. Treinta años de pagos, silencio, tarifas al alza y contratos que no podrás ver. No es progreso, es sumisión disfrazada de modernidad.
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